COÍN (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha incluido a los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Coín en su segunda fase del Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia que supone dotar de medidas de autorrefuerzo a 65 órganos judiciales de la provincia entre los meses de marzo y noviembre, con el objetivo de paliar el retraso provocado por la pandemia.
"En esta segunda fase del plan, la Consejería que dirige Juan Marín ha incluido a los tres órganos judiciales del partido judicial de Coín, que desde el pasado 15 de marzo cuentan con las medidas de autorrefuerzo", ha explicado la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Mónica Alejo, quien ha visitado este jueves la sede judicial en dicha localidad.
Ha explicado que la inversión total va a ser de casi 3,2 millones de euros, "lo que supone un esfuerzo presupuestario sin precedentes". "Estamos cumpliendo nuestra palabra y poniendo a disposición de la Administración de Justicia los medios necesarios para paliar los efectos que está provocando en la misma esta pandemia", ha señalado Alejo.
En concreto, en la primera fase, que se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre, la inversión fue de 1,51 millones, a los que ahora se suman otros 1,6 millones de euros.
Para la delegada, el hecho de que se haya incluido a los juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción "es sin duda un acierto, porque arrastran una importante carga de trabajo, y demuestra que para este Gobierno andaluz no existe una justicia de primera y de segunda, sino que creemos que todos los ciudadanos deben recibir el mismo servicio independientemente de dónde residan".
En toda Andalucía serán 99 órganos judiciales de Primera Instancia e Instrucción, once de ellos de la provincia de Málaga, entre los que se encuentran los tres de Coín.
Además de estos juzgados, otra de las novedades con respecto a la primera fase en la inclusión del Registro Civil de Málaga; además del Servicio Común Procesal de Vélez-Málaga y de las fiscalías de Málaga y de Marbella.
Asimismo, se mantienen en los cincos juzgados de Primera Instancia de Fuengirola, en las cuatro secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial y en 33 juzgados. En concreto, en los 15 juzgados de lo Penal, en cuatro de Primera Instancia (12, 13, 24 y 29), en once de lo Social y en los tres órganos de lo Mercantil. Asimismo, también se sigue desarrollando en los de Primera Instancia de Marbella, Torremolinos, y en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona.
"El objetivo del plan es paliar la sobrecarga jurisdiccional como consecuencia de la paralización e incremento de asuntos generado por la crisis del COVID-19" y, en esta segunda fase, en toda Andalucía, serán 99 juzgados Mixtos los que se beneficien de la implantación de estas medidas.
Las medidas consisten en la prolongación de la jornada laboral de los funcionarios de Justicia, que será remunerada como servicios extraordinarios. De esta forma, en los órganos judiciales adheridos al Plan de Choque se contará con una persona funcionaria de cada uno de los cuerpos en cada órgano judicial: Gestión, Tramitación y Auxilio --tres funcionarios--, tres tardes a la semana (lunes, martes y jueves).
En toda Andalucía, la inversión será de 7,6 millones de euros que sumados a los 7,2 millones de euros de la primera fase, supone un total de casi 15 millones de euros. "Los resultados de la primera fase han sido todo un éxito y así nos lo han trasladado tanto desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como desde el resto de operadores jurídicos, que han solicitado su continuidad", ha dicho.
"Sin duda este plan sería aún más efectivo si contásemos con la colaboración del resto de administraciones. Necesitamos más jueces para poder señalar más juicios y acabar con el retraso que arrastran porque no es de recibo que los ciudadanos tengan que esperar años para poder celebrar su juicio", ha añadido la responsable andaluza de Justicia en Málaga.
La duración de esta fase será de 23 semanas, entre marzo y junio y septiembre y noviembre, dejando fuera los meses de vacaciones estivales, y se desarrollará en 302 órganos judiciales andaluces.
