RONDA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)
La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio (Lista), "es el principal instrumento de lucha contra la despoblación que tiene ahora mismo el Gobierno andaluz en sus manos" y ha destacado que también sirve para "abanderar el progreso y desarrollo de todos nuestros pueblos y ciudades".
Así lo ha indicado Navarro que se ha reunido con representantes municipales de los 23 municipios de la comarca de la Serranía de Ronda (Málaga); un encuentro, celebrado en el Ayuntamiento de dicha localidad y que ha contado con la presencia de su alcaldesa, Maripaz Fernández, y del presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado.
La delegada ha reseñado que la nueva ley "simplifica al máximo" y diferencia entre suelo urbano y rústico, y permite la construcción en este último cuando se dan diferentes usos y siempre que no afecte a una zona protegida.
"En Andalucía siempre se ha vivido en el campo, pero anteriores gobiernos socialistas se empeñaron en que la gente saliera de ahí y se lo ponían muy difícil a quien quería vivir en campo por su actividad económica o aprovechamiento; tan difícil que el campo fue abandonándose, y quien osó construir ha estado viviendo hasta ahora en la inseguridad jurídica y la alegalidad", ha lamentado.
Cambiar esta situación ha sido uno de los objetivos de la Lista, por lo que con la nueva norma se permiten viviendas en suelo rústico con otros usos, además de los agropecuarios, que pueden ser turísticos o cualquier actividad económica que dinamicen las zonas no especialmente protegidas que requieran de preservación, pero sí que sean compatibles con los usos agrarios y el desarrollo sostenible.
Así, se autorizará la construcción de viviendas aisladas unifamiliares, cuando, además, "no se induzca a la creación de nuevos asentamientos". Para la delegada de la Junta, "lo que antes se hacía sin control, ahora debe seguir una norma y estará controlado, de forma que luchamos contra la despoblación y se evita la construcción de viviendas irregulares".
Para garantizar esto, además, la Junta creará un cuerpo de subinspectores para velar por la disciplina urbanística y se libera así a los ayuntamientos de esa responsabilidad, ya que la mayoría no tiene medios humanos ni recursos materiales, ha explicado la delegada.
Según ha defendido, esta ley es "un avance importante y herramienta fundamental para regularidad muchas de las viviendas por parte de los ayuntamientos con el planeamiento nuevo, porque su uso ya será compatible con lo que establece la ley, si no están en suelo protegido o dominio público", lo que podría beneficiar a más de 50.000 viviendas estimadas en la provincia de Málaga como fuera de ordenación y más de 300.000 en Andalucía.
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y REDUCCIÓN DE PLAZOS
Navarro ha destacado también que los 103 municipios de la provincia podrán tener al día su planeamiento en dos años, gracias a la Lista, ya que "agiliza" los trámites y "simplifica" los procesos, apuntando que muchos de los municipios cuyo PGOU no estaba adaptado a la anterior ley del suelo, la LOUA, tardaban de media "diez años en tramitar el planeamiento, aunque fueran pequeños y eso a pesar de que este instrumento es lo más importante para un ayuntamiento a la hora de planificar inversiones, creación y asentamiento de empresas, puestos de trabajo y fijar población".
Ahora, ha dicho la delegada, "lo tendrán en dos años", precisando que actualmente sólo 23 municipios "tienen su planeamiento urbanístico en orden", con sus planes generales de ordenación urbanística adaptados a la LOUA; mientras que 47 han iniciado su adaptación y el resto no cuentan aún con instrumentos, más allá de normas subsidiarias.
"Cuando el Gobierno del cambio llega en 2019, había 79 municipios en Málaga cuyos planeamientos no estaban adaptados a normativa, y, por ejemplo, Macharaviaya, con menos de 10.000 habitantes, cercano a la costa en la Axarquía, llevaba 16 años dando tumbos", ha recordado Navarro.
La delegad de la Junta ha hecho hincapié además en que cada municipio será abordado en función de sus características; "hasta ahora se le exigía lo mismo para desarrollar su PGOU a Marbella que a Atajate, pero ahora se incorpora la nueva figura Plan Básico que simplifica contenidos y tramitación para aquellos menores de 10.000 habitantes, para que puedan regular su término lo antes posible".
Junto a esto, se establece un sistema dual para los de más de 10.000 habitantes que engloba un plan general de ordenación a cargo de la Junta y los planes ordenación urbana, más al detalle, de los ayuntamientos.
"Con esta ley por fin los consistorios adquieren la mayoría de edad en cuanto a capacidad poder organizar su término municipal y la junta establece unos usos superiores e infraestructuras de carácter más comarcal o provincial" a los que ajustarse, ha manifestado.
La Lista, que beneficiará en la Serranía de Ronda a 55.000 vecinos, ya que agiliza y simplifica los trámites especialmente en los municipios más pequeños, entrará en vigor en los primeros días de 2022 y los reglamentos se desarrollarán en seis meses.
AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS
La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, que ha participado en la reunión con los representantes municipales de la Serranía de Ronda, ha asegurado que esta ley dará "certidumbre" a todos los ayuntamientos "y simplifica muchísimo los trámites".
A partir de ahora la Junta, a través de la consejería del ramo, se pondrá a trabajar en el desarrollo de los reglamentos y con todos los ayuntamientos que lo precisen para sacar adelante los planeamientos lo antes posible.
"Hemos ofrecido, no sólo ayuda técnica de la delegación territorial, como hasta ahora, con la celebración de mesas técnicas y jurídicas, así como el refuerzo y la aportación de la Diputación provincial, a la que quiero agradecer su trabajo, sino que haremos también una convocatoria de ayudas económicas para agilizar aún más el trabajo de los consistorios", ha añadido Casero.
La Lista prevé ayudas a los ayuntamientos para que redacten sus planes especiales y generales. Estas ayudas ya existían, pero se suspendieron en 2011 porque los 129 ayuntamientos que las solicitaron no fueron capaces de cumplir con los plazos que imponía la ley, por lo que deben devolver el importe concedido, que suma 4,4 millones de euros.
