JAÉN, 23 (EUROPA PRESS)
El propietario de la finca de olivar que ordenó la apertura de zanjas para regadío sobre el yacimiento arqueológico de Cerro Maquiz, en Mengíbar (Jaén), ha indicado ante el tribunal que le ha juzgado en la Audiencia de Jaén que desconocía que tenía que pedir permiso para ello y además contar con el correspondiente proyecto y permisos.
"No era consciente de que necesitaba licencia y proyecto de obra", ha dicho M.C.J. a preguntas del Ministerio Fiscal. Ha añadido que en la comunidad de regantes a la que pertenece "nadie ha pedido permiso y han hecho lo mismo yo". Asimismo, ha señalado que su profesión es la de piloto de vuelo, por lo que no estaba al corriente de los trámites que se necesitaban a la hora de llevar esta actuación de mantenimiento del regadío.
Ha mantenido que lo que se hizo para cambiar las gomas del regadío de 16 milímetros de diámetro fueron "surcos" y no zanjas, y que en la finca "de toda la vida" se han retirado "piedras" porque hay muchas y "un incordio" en las labores agrícolas refiriéndose así a la multitud de restos arqueológicos que hay en la finca situada sobre la antigua ciudad romana de Iliturgi, una de las más importantes del Alto Guadalquivir.
En este línea ha defendido que "todo Mengíbar es un yacimiento arqueológico" y que él desde pequeño ha visto "piedras" en la casa palacio donde vivía procedentes del yacimiento. Sobre la apropiación indebida de nuevas piezas y la desaparición de otras tantas procedentes de la colección De la Chica, el acusado ha apuntado que "en ningún momento" se ha ocupado de las piedras y que él por su profesión no tiene tiempo de "traficar" con restos arqueológicos.
En esta causa, también está imputado el encargado de la finca en la que se hicieron las zanjas, que siempre ha visto "piedras" sobre el terreno, pero que estaba convencido de que "no tienen ningún valor". Al igual que su patrón, ha señalado que lo que se hizo fue abrir surcos de unos 25 ó 30 centímetros para poder meter la goma y que no se profundizó en el terreno.
Por su parte, el arqueólogo investigador de la Universidad de Jaén que puso la denuncia ha declarado que se dieron cuenta de lo que había ocurrido cuando visitaron la zona como paso previo a una intervención arqueológica aprobada por la Consejería de Cultura.
Ha señalado que las zanjas eran de entre 30 y 50 centímetros y que se había "alterado" la superficie de este yacimiento que alberga en el subsuelo una ciudad romana fortificada con cuatro puertas de acceso y que una superficie de unas 17 hectáreas.
Se trata de un yacimiento sobre el que se viene trabajando desde 1980 y que de su importancia deriva que algunas de los restos localizados estén expuestos en el Museo Arqueológico Nacional.
Ha incidido en que las zanjas han dañado al yacimiento en su conjunto, pero que habría que excavar para ver los daños verdaderamente ocasionados en el subsuelo.
EL CASO
Inicialmente la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para M.C.J., el propietario de la finca de Mengíbar que en 2017 ordenó abrir más de diez kilómetros de zanjas para regadío de olivar causando "una grave afección a la práctica totalidad de la ciudad romana fortificada" de Iliturgi.
Esa misma pena se le reclama también al encargado de la finca L.J.L. Tales fueron los daños que el Ministerio Público pide a los dos acusados que indemnicen casi con un millón de euros a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
El escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal establece que en los primeros meses de 2017, M.C.J. encargó a L.J.L. que llevara a cabo las obras necesarias para implantar un sistema de riego en su finca de olivar. Lo hizo careciendo de proyecto de riego y sin contar con las preceptivas licencias urbanísticas así como los informes de patrimonio histórico necesarios que debía emitir la Consejería de Cultura.
La sección especializada en medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía de Jaén hace constar que dichas obras nunca habrían sido susceptibles de autorización ni legalización al ser contrarias a las normas subsidiarias de Mengíbar y a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía e "implicar remoción de tierras en una zona de alto valor arqueológico y romper las estructuras que soportan el yacimiento".
Las obras se extendieron sobre una superficie de unas 30 hectáreas y lo hicieron "de forma incontrolada" sobre un yacimiento de "gran valor al tratarse de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de la Alta Andalucía, conocidos desde finales del siglo XIX y cuyos materiales se exponen en la Real Academia de la Historia o el propio Museo Arqueológico Nacional".
El Ministerio Fiscal concluye que los daños producidos al yacimiento son "irreparables" puesto que "se destrozaron sillares, materiales cerámicos y la estratigrafía arqueológica". De esta forma, se afectó a la gran cisterna romana, afectando a su estructura, y también los restos de un templo romano y una plaza pública.
Todos los daños causados en este yacimiento ubicado en el paraje conocido como Cerro Maquiz han sido valorados por el Ministerio Público en 942.817 euros, que ahora reclama de forma conjunta a los dos acusados.
En concreto, los cuatro años de cárcel se les reclama como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio en concurso ideal con un delito de daños en yacimiento arqueológico, además de una multa de 248.000 euros para cada uno de los acusados. También desde el Ministerio Fiscal se pide tres años de inhabilitación especial para la profesión u oficio de promotor o constructor.
APROPIACIÓN INDEBIDA
No quedan aquí los delitos. El fiscal acusa de apropiación indebida al propietario de la finca. El escrito de calificación provisional de Fiscalía recuerda que el acusado y su familia eran propietarios por herencia de la colección de La Chica, un gran conjunto de piezas arquitectónicas y escultóricas de la época romana, que fueron adquiridas por la familia desde 1882.
La investigación de la Guardia Civil puso de manifiesto que entre los meses de abril a julio de 2017, el acusado "lejos de mantener el citado patrimonio de la colección de La Chica, se apoderó ilícitamente de 23 piezas del catálogo de la Junta de Andalucía que han sido valoradas en 82.800 euros".
Igualmente en la intervención en la vivienda del acusado y en el Cortijo Cerro Maquiz se intervinieron 35 piezas nuevas procedentes del movimiento de tierras y zanjas realizadas. Dichas piezas, según Fiscalía, no formaban parte de la citada colección y se almacenaban en estos lugares in dar aviso a la Consejería de Cultura dado el carácter demanial de los mismos.
El Ministerio Público considera que dichas piezas deben ser decomisadas y "reintegradas a la Consejería de Cultura a los efectos de catalogarlos adecuadamente y conservarlos en beneficio de la riqueza arqueológica de la zona".
Por ello, la Fiscalía ha calificado esta parte de los hechos como un delito de apropiación indebida que atribuye a M.C.J., por el que le reclama otros cuatro años más de cárcel y multa de 6.000 euros. También se le pide que indemnice a la Consejería de Cultura en 82.800 euros por "el valor de las piezas de las que se ha apropiado".
