viernes 4/12/20

Un guardia civil se sentará en el banquillo acusado de utilizar su cargo para desmantelar empresas

Un cabo de la Guardia Civil, V.S.S., de 40 años y destinado al puesto de Bailén (Jaén), se sentará este lunes en el banquillo de la Audiencia de Jaén, acusado de valerse de su cargo para facilitar a terceros la compra a precios simbólicos de empresas que atravesaban dificultades económicas para luego desmantelarlas sin hacer frente a las obligaciones contraídas por dichas empresas.

JAÉN, 25 (EUROPA PRESS)

Un cabo de la Guardia Civil, V.S.S., de 40 años y destinado al puesto de Bailén (Jaén), se sentará este lunes en el banquillo de la Audiencia de Jaén, acusado de valerse de su cargo para facilitar a terceros la compra a precios simbólicos de empresas que atravesaban dificultades económicas para luego desmantelarlas sin hacer frente a las obligaciones contraídas por dichas empresas.

No se sentará solo en el banquillo, le acompañarán J.G.A., de 45 años, y M.A.A.M., como el supuesto intermediario y empresario, respectivamente, que se encargaban de ejecutar las operaciones de compra de las empresas.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, los tres acusados tenían "un plan preconcebido" para "alcanzar la finalidad de ilícito enriquecimiento a costa del patrimonio ajeno". En su punto de mira estaban empresas que contaban con "un importante" inmovilizado material y que pasaban por dificultades económicas para hacer frente a las deudas contraídas, de las que en algunos casos eran avalistas o garantes los propios socios.

De esta forma, uno de los acusados, J.G.A., se presentaba como intermediario de un grupo inversor que se dedicaba a la adquisición de empresas en situación de crisis y ofreciendo hacerse cargo tanto de las deudas de la sociedad como de los socios.

No se presentaba solo, le acompañaba V.S.S., que se presentaba ante los empresarios "haciéndoles conocer su condición de guardia civil, dando con su presencia en las negociaciones apariencia de credibilidad y solvencia a las afirmaciones" que realizaba el otro acusado.

Así, según señala el Ministerio Público, lograban que "los socios de las empresas en crisis económica confiaran en la realidad y legalidad de las intenciones de la sociedad interesada en adquirir" y que estaba representada por el tercer acusado M.A.A.M.

Con esta manera de proceder, los acusados conseguían que los socios de las empresas con dificultades económicas "consintieran la venta de las participaciones por una exigua cantidad económica haciéndoles creer que, una vez se hubiera producido la venta de las participaciones de la sociedad, la empresa adquiriente procedería al pago de las deudas de la sociedad y de las garantizadas por los socios".

Sin embargo, como recoge Fiscalía, la verdadera intención de los acusados era "el sistemático desmantelamiento del inmovilizado material de la empresa adquirida, su venta a terceros y la disposición en su beneficio del numerario obtenido sin voluntad alguna de hacer frente a las obligaciones de la sociedad".

En todo este panorama, el guardia civil está acusado también de aprovechar su condición de agente para acceder a las bases de datos de la Guardia Civil con el fin de conocer toda la información existente en los archivos policiales sobre las personas a las que se iban a comprar las empresas. Además se le acusa de usar dichas bases para conocer su determinadas personas estaban siendo objetos de investigación policial.

El agente, supuestamente en pago a sus servicios, ha recibido bienes y transferencias por valor de 66.000 euros, según se enumera en el escrito de calificación provisional del Ministerio Público.

Con esta forma de proceder, las tres personas llamadas a sentarse en el banquillo están acusadas por Fiscalía de desmantelar dos empresas que adquirieron por el módico precio de un euro cada una.

Una de las empresas que adquirieron en 2014 para su posterior desmantelamiento tenía domicilio social en Jaén y se dedicaba a la explotación de canteras de grava y arcilla. Contaba con un inmovilizado en material y maquinaria superior al millón de euros.

La segunda de las empresas adquirida para su desmantelamiento con posterioridad a agosto de 2014 tenía sede en Mancha Real (Jaén) y su objeto era la producción, distribución y venta de energía generada por procesos de combustión de biomasa, así como a la comercialización de los subproductos generados en la actividad. En este caso, la empresa tenía un inmovilizado en material e instalaciones superior al 1,7 millones de euros.

Fiscalía ha calificado los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa, un delito de alzamiento de bienes, dos delitos de cohecho y otro de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

Para V.S.M., el Ministerio Público reclama que se le impongan 12 años de cárcel por los delitos de estafa continuada, alzamiento de bienes y cohecho. Además, le pide 2.400 euros de multa por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. A ello se le suma la petición de inhabilitación especial para empleo de guardia civil.

En el caso de J.G.A. le reclama doce años de prisión por los mismos delitos que el anterior. Para el último acusado M.A.A.M., la Fiscalía pide ocho años de cárcel por estafa continuada y alzamiento de bienes.

En lo que respecta a la responsabilidad civil se les reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a los dos empresas con 1,7 millones para la que tiene razón social en Jaén y en un millón de euros para la de Mancha Real. Asimismo, se solicita que el tribunal declare la nulidad de las escrituras de venta de las participaciones de ambas sociedades.

El juicio estaba inicialmente previsto para el pasado mes de mayo pero tuvo que suspenderse como consecuencia de la pandemia y la paralización de la actividad judicial.

Un guardia civil se sentará en el banquillo acusado de utilizar su cargo para...
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