JAÉN, 17 (EUROPA PRESS)
El fallecimiento de la pareja de uno de los dos acusados ha llevado a la Sección Tercera a aplazar hasta el 31 de mayo la celebración de la vista en la que se juzgará al contable y al auditor de la cooperativa La Unión, de Úbeda (Jaén), acusados de apropiarse de 2,6 millones de euros de la que fuera la segunda mayor cooperativa de aceite española, con más de 2.000 socios cooperativistas.
En el banquillo también debería sentarse el que fuera presidente de la cooperativa José Consuegra, pero su fallecimiento en enero de 2018 ha llevado a que se extinguiera su responsabilidad penal en esta causa. Sí se sentarán J.L.R.P, el que fuera contable de la cooperativa, de 64 años, y el auditor M.R.A., de 88 años.
Precisamente, es la pareja del auditor, M.R.A, la que ha fallecido este fin de semana, motivo por el que el tribunal, tras consultarlo con la más de una decena de abogados que están personados en la causa, ha optado por su aplazamiento al 31 de mayo, mientras las partes han acordado renunciar a un considerable número de los 65 testigos que están citados a declarar con el fin de que el juicio sólo necesite una semana de celebración para quedar visto para sentencia.
Aunque la defensa del acusado de mayor edad había solicitado poder declarar por viodeconferencia cuando se celebre la vista, atendiendo a lo avanzado de la edad del procesado, finalmente, y salvo cambio de última hora, el tribunal ha rechazado esta posibilidad y ha determinado que su declaración en el juicio deberá ser presencial en la Audiencia de Jaén.
El Ministerio Fiscal en el escrito de calificación al que ha accedido Europa Press establece que el contable y el presidente fallecido "movidos por un ánimo de obtener un lucro a costa de los ajeno", procedieron a apoderarse del dinero de los cooperativistas.
Para ello, según el relato de Fiscalía, no sólo realizaron salidas de tesorería por importe de 1,2 millones y anticipos de remuneraciones por importe de 1,2 millones, sino que "falsearon las cuentas anuales de la sociedad, los tickets de entrega de aceituna propios y de otros propios, e incluso el acusado J.L.R.P, apoderándose de modo directo de un total de 187.600 euros".
Para ocultarlo, en 2007 "se concertaron" con el otro acusado, auditor de las cuentas y de sus filiales para que en su informe contable anual omitiera de modo "consciente y voluntario" la situación real de la cooperativa y los actos de disposición tanto del presidente como del contable. Así, les proporcionó programas informáticos para la contabilidad "de modo que se engañaba a los miembros del consejo rector al exponer su informe anual de auditoría".
Relata Fiscalía que amparándose, en una situación de "aparente solvencia y gestión", el presidente de la cooperativa, ya fallecido, y el contable abrieron una sección de crédito en la que tanto los socios como terceros a la sociedad realizaban depósitos que se retribuían a un interés muy superior al del mercado, consiguiendo de esta forma "efectivo con el que disimular la situación real de la empresa".
Debido a la "pésima" gestión, la cooperativa tuvo que someterse a un concurso de acreedores que concluyó con la aprobación del correspondiente convenio que dejaba al descubierto una deuda superior a los 40 millones de euros.
El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos de un delito de administración desleal, otro de apropiación indebida y otro de falseamiento de cuentas. Como presuntos autores de los mismos reclama a los dos acusados nueve años de prisión y 4.800 euros en multas. Además, en concepto de responsabilidad civil les reclama 2,67 millones de euros por el dinero distraído y no recuperado.
