MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El político ultraderechista francés Éric Zemmour, el cuarto candidato más votado en las últimas elecciones presidenciales de Francia, ha sido condenado este jueves a pagar una multa de 4.000 euros por insultos racistas contra una excolumnista del grupo Canal+.
El excandidato presidencial de 64 años y presidente de Reconquista también ha sido condenado a pagar 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios, así como 2.000 euros en honorarios de abogados, según ha informado el canal TF1Info.
El tribunal francés en el que se ha deliberado el caso ha concluido que los comentarios vertidos por el ultraderechista francés contra la excolumnista degeneraron en "un ataque estrictamente personal" y de "carácter discriminatorio".
El intercambio entre Zemmour y la excolumnista Hapsatou Sy se produjo durante un programa de televisión en septiembre de 2018 en el que el ultraderechista francés la increpó por su nombre. "Es su nombre de pila el que es un insulto a Francia", le espetó a la también presentadora de televisión.
Sy ha afirmado este jueves en su cuenta oficial de Twitter, a través de su abogado, Antoine Vey, que "la libertad de expresión no es libertad de opresión". Asimismo, ha agradecido a su representante legal su "apoyo incondicional".
"Es un orgullo enorme haber permanecido firme durante todos estos años y haber podido hacer condenar a Éric Zemmour por insultos de cáracter racista. Mi nombre es mi identidad, mis orígenes son mi fuerza y, detrás de mí, espero que muchos otros franceses se sientan liberados", ha agregado.
No es la primera vez que Zemmour es multado, ya que en 2016 realizó unos comentarios en televisión en los que cuestionaba la integración de los musulmanes en Francia, equiparaba el islam y el terrorismo y hablaba de "invasión" islámica. Sus palabras le valieron una multa de 3.000 euros por incitar a la discriminación y el odio religioso.
De hecho, el ultraderechista apeló la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que rechazó su petición, alegando que los tribunales franceses no habían violado el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión.
