MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se ha mostrado "profundamente preocupado" por las reformas legales que limitan en Nicaragua el margen de maniobra de la sociedad civil y ha instado al Gobierno de Daniel Ortega a permitir la reapertura de organizaciones, medios y partidos cerrados "arbitrariamente" durante estos últimos años.
La ley que entró en vigor el viernes nace con el pretexto de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero para la ONU lo único que hace es "profundizar la represión del espacio cívico", con nuevas obligaciones que dejan a la organizaciones a merced de los dictámenes del Gobierno.
La reforma obliga a detallar las fuentes de financiación y las actividades e impide a las ONG cualquier mínimo vínculo con política. Establece, además, un máximo del 25 por ciento de miembros extranjeros, en aras supuestamente de la no injerencia exterior en cuestiones internas nicaragüenses.
"Tememos que estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el Gobierno", ha advertido la portavoz del Alto Comisionado, Liz Throssell, en un comunicado.
La nueva ley coincide además con el cierre de unas 50 organizaciones, lo que resulta "aún más preocupante", en palabras de Throssell. Desde 2018, cuando se registraron unas movilizaciones sin precedentes, Nicaragua ha cerrado al menos 209 organizaciones, 137 de ellas este año, y ha asumido el control de doce universidades.
Para la oficina que encabeza Michelle Bachelet, "es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente".
