BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles nuevas reglas para facilitar a consumidores y empresas reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios a los fabricantes de drones u otros dispositivos autónomos dotados con Inteligencia Artificial y cuya responsabilidad civil en caso de incidentes no está recogida en la normativa comunitaria que ya cubre tecnologías tradicionales.
El comisario de Justicia y Consumo, Didier Reynders, ha explicado en una rueda de prensa que los servicios comunitarios quieren garantizar la misma protección para lo que es necesario "modernizar" las reglas actuales.
Para ello, Bruselas quiere una reforma de las normas actuales que ayuden a reclamar daños y perjuicios en caso de que un producto resulte inseguro a raíz de actualizaciones de programas informáticos, tecnologías de IA o de servicios digitales necesarios para el funcionamiento de dicho producto.
Los usuarios deberán también poder reclamar cuando los fabricantes no subsanen los puntos vulnerables en cuestiones de ciberseguridad.
La reforma que propone el Ejecutivo comunitario, y que debe ser aún negociada entre los Veintisiete y la Eurocámara, plantea dos medidas clave, incluido el principio de "presunción de causalidad" por el que la víctima del daño quedará exenta de tener que explicar en detalle el fallo u omisión que haya provocado el daño.
El segundo elemento clave de la reforma tiene que ver con facilitar a las víctimas el acceso a las pruebas presentadas por las empresas o proveedores cuando se trate de tecnologías IA de alto riesgo, por ejemplo para demostrar si ha habido un mal uso o averiguar lo que ha fallado.
"Se trata de evitar que la víctima se enfrente a una 'caja negra' de la Inteligencia Artificial'", ha explicado Reynders en su comparecencia, tras incidir en la "opacidad y complejidad" de muchas de estas tecnologías y que complica el poder demostrar cuál si ha habido un fallo humano detrás de un incidente relacionado con dispositivos con IA.
Otra de las iniciativas de la propuesta es crear condiciones de competencia más equitativas entre los fabricantes de la UE y de terceros países, de manera que cuando los consumidores resulten perjudicados por productos inseguros importados de fuera de la UE podrán dirigirse al importador o al representante de la UE del fabricante para obtener una indemnización.
