BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha apremiado este lunes a los países de la Unión Europea a aplicar cuánto antes las nuevas normas acordadas para reforzar la seguridad de infraestructuras clave frente al riesgo de sabotajes o ataques cibernéticos, unas reglas para las que los 27 disponen de dos años para trasladar a su legislación nacional pero que Bruselas pide agilizar.
"El sabotaje de los gasoductos de Nord Stream dejó bien claro que nuestras infraestructuras críticas están bajo amenaza", ha dicho en una rueda de prensa la portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper, quien ha recordado que han pasado dos años desde que el Ejecutivo comunitario propuso los cambios en las directivas sobre infraestructuras que este lunes entran en vigor y que las autoridades nacionales deben aplicar en un plazo de 21 meses.
"Las nuevas reglas reforzarán nuestra ciberseguridad y nuestra capacidad de resistencia, incluido frente a ataques terroristas, amenazas internas o sabotajes", ha detallado Hipper para recalcar la importancia de que los países transpongan la reforma "rápidamente".
El objetivo de la revisión de las directivas sobre altos estándares comunes sobre ciberseguridad y sobre la capacidad de resistencia de infraestructuras críticas es armonizar estándares mínimos en la protección frente a nuevas formas de amenaza, así como ampliar la clasificación de sectores considerados "críticos" para incluir, por ejemplo, las infraestructuras energéticas y de transportes.
Así, se ampliará el alcance de la norma a once sectores para que junto a la energía y los transportes se dé cobertura al sector bancario, mercados financieros, salud, plantas de agua potable y de gestión de residuos, administración pública, alimentación, infraestructuras digitales y el espacio.
Los operadores de las infraestructuras consideradas en esta categoría deberán realizar evaluaciones de riesgo por sí mismos e informar de posibles incidentes, sin detrimento de que los Estados miembro deban diseñar estrategias nacionales para mejorar la resiliencia y llevar a cabo evaluaciones de riesgo periódicas.
De acuerdo a las nuevas reglas, las autoridades nacionales podrán realizar inspecciones 'in situ' de las infraestructuras críticas y aplicar sanciones si detectan incumplimientos graves.
Asimismo, deberán designar puntos de contacto que sirvan de enlace con el resto de autoridades nacionales y garantizar así una correcta cooperación transfronteriza.
