MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha instado este lunes a las autoridades tailandesas a abrir una investigación sobre el presunto espionaje a una treintena de disidentes en el marco de las protestas que tuvieron lugar en 2021 en el país con el 'software' israelí Pegasus.
La denuncia de la organización llega después de que saliera a la luz un nuevo informe que indica que los teléfonos móviles de una treintena de personas fueron infectados con el programa en el que sería el primer uso de Pegasus en el país.
El documento ha sido difundido por las organizaciones iLaw, Digital Reach y The Citizen Lab e indica que este espionaje tuvo lugar en 2020 y 2021 contra individuos influyentes en el macro de la ola de protestas para exigir una mayor reforma política y económica. Muchos de ellos se habían mostrado críticos con el Gobierno tailandés.
La propia Amnistía ha logrado confirmar al menos cinco de estos casos tras una serie de análisis e investigaciones. "Podemos añadir oficialmente a Tailandia en la creciente lista de personas que por expresar su opinión o hablar de las políticas del Gobierno han sido víctimas de una vigilancia invasiva y una violación de su libertad de expresión y privacidad", ha indicado Etienne Maynier, de AI.
"Hay que recordar que esto es solo lo que se ha descubierto por ahora y que la escala de estos intentos podría ser mucho mayor y más dañina", ha dicho.
El informe apunta a que el 'software' fue hallado en los móviles de manifestantes como Arnon Nampa, Benja Apan, Panusaya Sithijirawattanakul y otros activistas por expresar su opinión y ejercer su derecho a la libertad de expresión. "En vez de escuchar a los manifestantes y académicos, se ha utilizado la vigilancia para acosar e intimidar a estas personas", ha aseverado.
Así, ha recalcado que los gobiernos tienen "obligaciones en el marco del Derecho Internacional no solo para respetar los Derechos Humanos sino también para protegerlos del abuso por parte de terceros, incluidas empresas privadas".
"Las autoridades tailandesas deben poner en marcha una investigación independiente, exhaustiva y efectiva contra el uso de este programa y tomar las medidas necesarias al respecto", ha manifestado Maynier.
