HUELVA, 21 (EUROPA PRESS)
La presidenta de los populares en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Marín, ha lamentado el "silencio cómplice" del alcalde, el socialista Gabriel Cruz, ante el proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) impulsado por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, conocida como la 'Ley Celaá' por la ministra del ramo.
El mencionado proyecto de ley, ante el cual PP, Cs y Vox han anunciado impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, contempla entre otros aspectos el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años o la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.
Frente a ello, los populares insisten en que la nueva regulación "va contra la educación concertada y contra la lengua española, atenta contra la libertad de elección educativa de los padres" que opten por el sistema sostenido con fondos públicos "y en Huelva va a afectar a un gran número de familias".
RECOGIDA DE FIRMAS
Los populares han anunciado, así, diferentes campañas informativas para recoger firmas, insistiendo en que la nueva ley es una "injusticia contra la educación concertada y la educación especial". Marín se ha preguntado, en ese sentido, si "el alcalde de Huelva puede permanecer insensible ante este ataque a la educación concertada y la educación especial, y contra los trabajadores de la misma, sin importarle los empleos y la actividad educadora que llevan desarrollando durante décadas en Huelva".
Marín ha opinado que la Ley Celaá "maltrata a la educación concertada por el simple hecho de ser educación religiosa, sin reparar que está en la libertad de los padres elegir y optar por un modelo de educación con valores religiosos o no", toda vez que la mencionada ley regula la oferta de la educación pública, pesando en paralelo la oferta del sector educativo privado, y el PSOE viene acusando al PP de una campaña de "desinformación" sobre este asunto.
Marín ha defendido expresamente el papel de centros educativos como el Nacional de Prácticas, el Manuel Siurot, y tantos otros, al igual que lo está con los Maristas, Esclavas, Santo Ángel, Montesori, Funcadia, Agustinas, Teresianas o María Auxiliadora".
LAS "SIGLAS DEL PSOE"
Así, ha desgranado las medidas propuestas por el PP en contra de la mencionada Ley, como una moción al pleno municipal, criticando que el alcalde "prefiera las siglas del PSOE antes que defender a padres, educadores, trabajadores y alumnos" de la educación concertada.
En ese sentido, le ha avisado de que él es "el alcalde de todos los onubenses, los que le votaron y los que no, los que optan por la educación religiosa o los que optan por la educación laica".
Después de que la mencionada Ley fuese aprobada en el Congreso con el voto a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, Más País-Equo y Nueva Canarias; el voto en contra del PP, Cs, Vox, CC, PRC, UPN y Foro; y abstención de EH Bildu, JxCat, BNG, Teruel Existe y la CUP, el PP ha atribuido la nueva regulación a un "acuerdo con ERC y con Bildu, que quieren acabar con España".
"De ahí que los perjudicados sean los españoles, la educación concertada, la educación especial y los principios de mérito y capacidad". Los populares han señalado además la "preocupación de la RAE" por la supresión de la consideración del español como única lengua vehicular, extremo introducido en la Ley popular educativa de 2013 a la que sustituye la nueva regulación. Dicho aspecto concreto, por cierto, está siendo examinado por el Consejo de Europa a instancias de Cs.
Según el PP, la nueva Ley "oculta y maltrata" al español "sólo por mantener el apoyo de los partidos que han nacido para acabar con la unidad de España". "No esperamos nada del alcalde Cruz en la defensa de la lengua española, pues ya ha demostrado sus preferencias por su partido antes que por el interés general", ha insistido Marín.
