viernes. 29.03.2024

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva tiene previsto entre el día 1 y el 4 de febrero el juicio contra el que fuera el gerente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (Coiti), Casto Pino, y su esposa, que fue secretaria del mismo, acusados de los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental en el órgano colegial.

De este modo, la Fiscalía, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, pide para el que fuera concejal popular de Urbanismo en Aljaraque y su mujer la pena de ocho años de cárcel y una indemnización al Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva de 1.094.338 euros, cantidad con la que supuestamente se enriquecieron ambos hasta el año 2013.

Asimismo, el Ministerio Fiscal considera que se debe imponer a los acusados las penas de cinco años de prisión y multa de 11 meses con cuota diaria de 20 euros por el delito de apropiación indebida; y la pena de tres años de prisión y multa de 11 meses con cuota diaria de 20 euros por el delito de falsedad.

Por su parte, la Fiscalía recoge en su escrito que el acusado "aprovechándose de su cargo, de la confianza del colegio y de las sucesivas Juntas de Gobierno, con intención de obtener un ilícito enriquecimiento, de forma continuada desde al menos el año 1991, ha venido apropiándose de importantes cantidades de dinero".

En concreto, explica que dichas apropiaciones se han hecho "mediante la retirada de cantidades de dinero en efectivo de la caja o por transferencias a su favor, como mediante el abono de gastos personales, propios o de las personas de su entorno próximo, o trabajos realizados por cuenta y en beneficio propio exclusivamente o correspondientes a empresas o negocios de su propiedad, sin vinculación alguna con el Colegio".

En dicha actividad "ha participado en todo momento", como señala el Ministerio Fiscal, la acusada, esposa del anterior, quien estaba empleada como secretaria de éste. Indica que "la acusada, guiada por idéntica intención, daba órdenes de abono de gastos personales o retirada de efectivo para enriquecimiento personal, al resto de las auxiliares de las que se consideraba superior jerárquica por su relación personal con el gerente, tanto por iniciativa propia como por indicación del otro acusado para el ilícito enriquecimiento de ambos".

Por tanto, argumentan desde la Fiscalía que "los acusados para encubrir su ilícita actuación solicitaron que se realizaran facturas para gastos y servicios personales a nombre del Colegio y presentaron a la contabilidad todo tipo de justificantes correspondientes a gastos personales, alterando bien por sí o por medio de terceros la contabilidad del colegio para dar apariencia de legalidad a las sumas distraídas".

En su escrito, la Fiscalía señala que "la distracción continuada de fondos" se concretó a través de diversas operaciones como "un pago mediante transferencia bancaria, ordenada por el gerente y/o por su esposa a favor de terceros ajenos al colegio sin mediar justificación, por importe de 190.933 euros de los que 3.340 habrían sido realizados por la secretaria", así como otras transferencias, retiradas de efectivo de hasta 50.000 euros; el pago del impuesto de sucesiones a cargo del colegio, de otros tributos, incluso de una matrícula universitaria.

Del mismo modo, realiza un pormenorizado análisis de las distintas operaciones, entre otras muchas, como la transferencia a favor del acusado por importe de 90.151 euros "bajo la apariencia de un supuesto crédito que se concede el propio acusado a sí mismo, supuestamente a deducir de nóminas y pagas lo que nunca se realizó".

Empieza el día 1 de febrero el juicio por presunto desfalco en el Colegio de Ingenieros...