HUELVA, 23 (EUROPA PRESS)
Cuatro de los peritos de la Fiscalía de Sala y Medio Ambiente que participaron en la investigación en la finca Matalagrana de Almonte (Huelva), en el entorno del Parque Nacional de Doñana, tras una denuncia de un particular por la extracción de aguas de sondeos en la zona, han señalado este martes que los mismos no tenían autorización para el riego de los cultivos en los años investigados, de 2009 a 2012, ya que los agricultores "no aportaron" una documentación que lo acreditara.
Así lo han indicado, tanto el jefe de la unidad técnica como otros tres trabajadores de la misma, durante la quinta sesión del juicio contra 13 agricultores con parcelas en esta finca y los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (en aquel entonces alcalde por el PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y que se celebra en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva.
En este sentido, el jefe de la unidad ha señalado que en el informe se concluía que "se había extraído una cantidad de agua que no tenía autorización", al tiempo que ha apuntado que los agricultores se mostraban convencidos de que podían extraerla en base al convenio sobre la cesión de parcelas que habían firmado con el Ayuntamiento, añadiendo que algunos manifestaban que desde el Consistorio les habían indicado "que no pasa nada".
Asimismo, ha señalado que durante su visita a algunas de las parcelas solo encontró un contador en uno de los sondeos "porque ellos consideraban que no necesitaban ningún tipo de permiso" y que este contador era "para la propia gestión de los agricultores", por lo que sería "imposible" calcular la cantidad de agua extraída en ese periodo, ya que los contadores homologados si guardan "un histórico".
De este modo, ha explicado que se basaron en la documentación entregada por los mismos concesionarios --entre los años 2009 y 2012-- de manera que no tenían otra información "para comparar" y llegar a una conclusión "verídica".
En este punto, el perito ha explicado que según los informes que facilitaron las empresas el uso del agua "era superior al que necesitaban para ese tipo de cultivo".
Igualmente, el informe pericial concluía que la vía de entrada de agua al acuífero era mediante la lluvia y que si las salidas eran mayores, "de forma continuada" y no se controlaban, se produciría una alteración en la formación que da lugar al espacio natural, a la par que subrayado que no podía valorar a qué especie podía afectar, pero que "afectará a lo largo del tiempo".
En una línea similar se han pronunciado los otros tres peritos de la Fiscalía que firmaron los informes, quienes han mantenido que la inscripción del sondeo "no supone una autorización para la extracción de agua", así como que hasta que no se resolviera la inscripción de dichos sondeos, a nivel legal, "no se podía hacer uso de ese agua".
ESTADO DEL ACUÍFERO
En esta jornada también han declarado tres peritos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), quienes han advertido de los descensos del agua en la zona de la masa de la Rocina.
Así, el que fuera jefe de servicio de aguas subterráneas de la CHG entre los años 2009 y 2012 ha aseverado que se ha observado "un empeoramiento progresivo año tras año" y que, a pesar de que en 2009 hubo "bastante lluvia" el dato era "peor" que el del año 1995, que fue uno de "los que más sequía sufrió la cuenca del Guadalquivir".
En este sentido, ha subrayado que en la zona de Matalagrana y Los Mimbrales el descenso era "acusado" y que se producía "de forma continuada", al tiempo que ha añadido que una de las causas de este descenso era la extracción agrícola, ya que las de abastecimiento, en su conjunto, eran "muy pequeñas" en comparación.
El perito de la CHG ha explicado asimismo que el arroyo de la Rocina mostraba hasta el año 2003 un nivel piezométrico surgente --lo que significa que el nivel del agua está por encima de la tierra y mana como si fuera una fuente-- y que desde 2003 a 2009 "solo fueron surgentes tres años", dejando de serlo a partir de 2009, por lo que, a su juicio, la tendencia mostraba "un empeoramiento". Asimismo, ha señalado que actualmente las aguas "se encuentran a dos metros de profundidad", por lo que "la tendencia continúa empeorando".
En la misma línea se ha mostrado otro de los peritos de la CHG, que ha señalado que la "principal presión sobre las aguas subterráneas son los regadíos", por lo que en el informe que emitieron establece una recomendación para que el próximo plan hidrológico contemple la bajada de la presión sobre el acuífero.
Con respecto a la declaración en 2020 de la CHG sobre que la masa de la Rocina se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, el perito ha explicado que esto facilita a la administración la regulación sobre el uso del agua, pero que el plan de la confederación prevé que el agua se use para el riego, por lo que el informe señala la compatibilidad de su uso para la agricultura en Matalagrana.
Por ello, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir otorgó en agosto de 2020 a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, como titular de la finca almonteña de Matalagrana, la autorización especial para el uso de aguas públicas en la explotación agrícola durante un período de 20 años, pero sometida a rigurosos condicionantes y con la posibilidad de revertir dicha autorización "si la situación así lo requiriese".
Este título supone la regularización de los derechos de agua de 211 hectáreas de cultivos, con un volumen máximo anual de 951.637,50 metros cúbicos al año, mediante 13 captaciones.
Este miércoles continúan las pruebas periciales, en este caso las propuestas por parte de las defensas y se prevé que el juicio finalice este viernes, cuando quedaría visto para sentencia.
