domingo. 25.09.2022

Carazo reclama al Gobierno una norma estatal para regular los VTC y evitar la "inseguridad jurídica"

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha reclamado este jueves al Gobierno central una "norma estatal" para regular el sector de VTC, en tanto que el Estado ha "trasladado este balón a las comunidades autónomas" sin la seguridad jurídica necesaria para abordar el asunto, ha recalcado, después de que comunidades que han regulado el VTC están siendo objeto de reclamaciones patrimoniales.

GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha reclamado este jueves al Gobierno central una "norma estatal" para regular el sector de VTC, en tanto que el Estado ha "trasladado este balón a las comunidades autónomas" sin la seguridad jurídica necesaria para abordar el asunto, ha recalcado, después de que comunidades que han regulado el VTC están siendo objeto de reclamaciones patrimoniales.

Carazo se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada sobre la postura de la Junta en relación a este asunto, coincidiendo con las protestas que este jueves ha llevado a cabo el sector del taxi en provincias como Sevilla, Málaga Córdoba y Granada en protesta con lo revelado en los llamados 'Uber Files', una investigación periodística que expone la forma "agresiva" usada por ésta y otras plataformas de VTC para implantarse en Europa desde 2014.

La consejera de Fomento ha recalcado que el sector del taxi "tiene que estar tranquilo con la Junta de Andalucía y con esta consejería", recordando el trabajo conjunto que se viene realizando desde "hace muchos meses" y que ha permitido, entre otras cuestiones, la actualización del reglamento de este colectivo "acordado con ellos".

Respecto a la regulación de los VTC, Carazo ha pedido al Gobierno "seguridad jurídica" al entender que es su competencia la regulación de esta cuestión "tan importante", aunque haya pasado el "balón" a las comunidades sin una norma estatal que les permita abordar esta cuestión. "No podemos convivir con 17 normas diferentes en un asunto en el que hay pensar en los usuarios, que deben ser el principal objetivo", ha advertido Carazo, que en todo caso ha garantizado que su departamento está "trabajando para dar respuestas y soluciones" a este escenario.

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