GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
La tercera sesión del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Granada por supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de alquiler de audioguías de la Alhambra, ha arrancado este miércoles con la declaración de los primeros testigos, funcionarios vinculados al monumento en el momento de los hechos, que, entre 2007 y 2011, habrían supuesto un presunto perjuicio económico superior al millón de euros al organismo que lo gestiona.
Las primeras en declarar han sido dos funcionarias vinculadas al monumento entonces, que han mostrado versiones opuestas sobre la existencia de supuestas "presiones" por parte de la dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife en aquella fecha. Así, la primera de ellas, que fue durante tres años jefa de asuntos jurídicos, ha dicho que no recordaba haberse sentido "presionada en ningún momento por ningún superior".
Jefa de asuntos jurídicos durante tres años, ha aclarado que no participó en la redacción del contrato del servicio de audioguías si bien sí firmó y mandó un informe a la Secretaría General para una posible "modificación general" del mismo, que no entraba en qué iba a consistir dicho cambio.
En este caso se sientan en el banquillo la que fuera directora del Patronato de la Alhambra María del Mar Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto y que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al igual que la ex secretaria general del monumento.
La segunda de las funcionarias que ha prestado declaración como testigo este miércoles en el edificio de la Real Chancillería de Granada, donde se celebra el juicio desde el pasado lunes, ha indicado que se encontró "hecho" el contrato cuando tomó posesión como responsable del área de gastos del departamento de gestión económica en 2008.
Tras un requerimiento de la Agencia Tributaria, pudo comprobar que el expediente de contratación era "pequeño" y que faltaban, según ha relatado, documentación relativa a las ofertas de otras empresas que se hubieran presentado al concurso, así como a la "modificación" que se le había aplicado, y que ha dicho que desconocía.
En este cambio se habría incluido el encargo a la empresa que prestaba el servicio de audioguías que lo hubiera complementado con otro de atención al visitante, descontándoselo del canon, lo que dio lugar a que tramitara una "nota interna" al considerar que se había hecho "sin procedimiento", siendo una cuestión "totalmente ajena" al contrato original, que a su parecer tendría que haber sido objeto de otro "independiente".
La Fiscalía ha solicitado para el empresario que prestaba el servicio diez años de prisión por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, así como inhabilitación y una multa de un millón de euros. Le acusa de llevar a cabo, entre 2007 y 2011, la "sustracción" a la Alhambra de parte de la recaudación con los servicios de alquiler de audioguías estableciendo presuntamente unos precios distintos a los estipulados en el contrato y facturando supuestamente menos dispositivos de los que realmente alquilaba.
La segunda testigo ha alegado que se sintió "ninguneada" y que, ante la nota que emitió, fue convocada a una reunión con Villafranca y la secretaria general, donde se le habría afeado ser una "persona desleal a la organización" en un contexto de "presión" en el trabajo que le había llevado anteriormente a una baja por estrés laboral "agudo".
Además, ha relatado que, ante la llegada de anónimos con documentación interna del monumento, se abrió una "información reservada" a "veintitantos" funcionarios, entre ellos esta testigo, que tuvo conocimiento de dos reconocimientos de deuda.
Uno de ellos fue a través del expediente con el visto bueno del gabinete jurídico de la Junta, y de las facturas "endosadas" que llegaron a través del banco por parte de la empresa. El segundo lo conoció ya en el marco de la investigación policial que se abrió por los hechos.
También ha mostrado su disconformidad con que se siguiera un procedimiento similar con las tiendas de la Alhambra, y que, en julio de 2015, supo por el servicio de limpieza que se había multiplicado "por cinco o seis" el número de bolsas de basura con documentos triturados, si bien, a preguntas de la defensa de la secretaria general, ha reconocido que nunca presenció ningún pacto "ilícito" entre ella y la empresa.
Este pasado martes, el empresario negó todos los extremos de lo que se le acusan. En esa segunda sesión del juicio se cerró la ronda de declaraciones de los acusados con el que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra en dos momentos distintos, al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el proceso como parte perjudicada y pide cárcel e inhabilitación para él.
A juicio del fiscal, tanto la directora de la Alhambra como la secretaria general del monumento en aquel momento presuntamente "permitieron" estas prácticas "perjudicando seriamente los intereses del Patronato" y "no llevaron a cabo actuación alguna para poner fin a esta situación permitiendo durante todo el periodo de desarrollo del contrato la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales" por la empresa.
Por su parte, Villafranca declaró el lunes, en el inicio del juicio, que no participó en la contratación del servicio de audioguías, que no pretendió "en absoluto" beneficiar a la empresa ni tuvo sospecha de gestiones contrarias a la legalidad, pues de hecho siempre actuó "guiada por el interés público".
El contrato para el servicio de audioguías de la Alhambra se firmó en octubre en 2007 con la empresa Stendhal Museum Solutions --cuyo administrador único es el empresario acusado-- pero Villafranca declaró que no fue hasta finales de 2010 cuando tuvo conocimiento de los impagos de la empresa al monumento respecto al canon fijado en los pliegos, que alcanzaban una deuda de unos 600.000 euros.
Antes del inicio del juicio la acusación popular ejercida por el PP, que había pedido cárcel para tres de los acusados, formalizó su retirada del procedimiento por entender que en la causa ya se encargan de acusar la Fiscalía, el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía.
