ALMERÍA.- Los Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto; Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; Aparejadores y Arquitectos Técnicos; Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos de Almería han suscrito un escrito en el que denuncian que aún reconociendo la complejidad del sector de la construcción, la Administración lo haya dejado "desamparado en un limbo normativo que nos llevará irremediablemente a una situación económica y social muy dura".
Nota de prensa
Tras los acontecimientos derivados de la crisis generada por el coronavirus covid-19, la Representación Provincial de Almería del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Representación Provincial de Almería del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería y el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería quieren dejar constancia de las complejas circunstancias en las que se encuentra el sector de la construcción, especialmente tras la aprobación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, siendo en todo momento conscientes y comprensivos con la difícil situación general.
Nuestro sector es en sí heterogéneo y complejo. Intervienen distintos agentes con diferentes formas jurídicas, mayoritariamente trabajadores por cuenta propia que suelen ejercer como profesionales liberales, pero también empresas de muy diversa envergadura que actúan principalmente como promotoras y constructoras y trabajadores por cuenta ajena empleados por los anteriores. Además, nos encontramos con diferentes tipos de obras que ejecutamos en nuestras ciudades como promociones de nuevos edificios, obras públicas en calles y espacios públicos, grandes infraestructuras o reformas en inmuebles existentes, cada una de ellas en un estado de ejecución desigual y con diferentes urgencias por finalizarlas por tratarse de obras que cubren necesidades básicas de seguridad, habitabilidad o accesibilidad de los ciudadanos. Además, las obras, especialmente las de grandes infraestructuras, requieren de gran movilidad de personal, incluso interprovincial.
Es entendible que esta situación genera dificultad para que la Administración proponga soluciones globales y eficaces que respondan a toda la casuística, pero también es denunciable que se deje al sector de la construcción, una vez más, desamparado en un limbo normativo que nos llevará irremediablemente a una situación económica y social muy dura.
Hasta la presente, nuestra actividad no ha sido incluida como de necesaria contención dentro del Real Decreto 463/2020 lo que nos permite, y obliga a la vez, seguir trabajando en unas circunstancias de incertidumbre y vulnerabilidad difíciles de cumplir, fuera de las medidas de ayuda y apoyo anunciadas en muchos de los casos. La sociedad debe ser consciente de que si ven actividad en las obras no es por gusto, es por necesidad para que nuestras ciudades y hogares estén en condiciones de seguridad, habitabilidad y accesibilidad o por exigencias contractuales que, mientras no se decrete lo contrario, se deben cumplir para no ser penalizados.
Estamos en una encrucijada, y es que aquellos que decidan, por responsabilidad cívica, dejar de ejercer temporalmente, apoyando las medidas de contención para el no colapso de la Sanidad Pública, van a dejar de generar riqueza mientras se mantienen sus cargas económicas y, aquellos que decidan continuar con su labor, van a ver como su actividad disminuye drásticamente en los próximos días fruto del bloqueo general de la sociedad, corriendo por tanto la misma suerte que los primeros. La diferencia en parar por decreto o por imposibilidad de continuar es quién va a responsabilizarse de la situación y aquí le pedimos al Gobierno de la Nación que no nos de la espalda, como ya sucedió hace una década con la mayor crisis del sector y de la que todavía no hemos salido. El sector no puede, ni debe, asumir lo que no está en su mano. En este sentido, es necesario recordar la importancia social de nuestra actividad en España ya que es de los principales sectores económicos de nuestro país.
Entendemos que la Administración Central, una vez tomadas las competencias por la declaración del Estado de Alarma, aún no ha decretado las medidas suficientes de contención en nuestro sector y de ayuda para mitigar las severas repercusiones económicas que va a sufrir, especialmente los trabajadores por cuenta propia cuyas facturaciones no son uniformes en el tiempo, concluyendo que, dadas las circunstancias reinantes, la solución más razonable es que el Gobierno decrete el cierre de las obras no urgentes en condiciones de seguridad, asegurando que todos los agentes del sector queden cubiertos dentro de las medidas actuales y futuras derivadas de esta crisis.
Quedamos a disposición de las Administraciones que requieran de nuestras aportaciones para dar soluciones que incluyan a todos los afectados por esta crisis de la que sin duda saldremos con el trabajo de todos.
Firmado por:
- Eugenia María García Sánchez Representante Provincial de Almería del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
- Jesús Lara Crespo-López Presidente Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería
- Pedro Jesús Pérez Fernández Representante Provincial de Almería del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
- Francisco Lores Llamas Decano Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería
- José Eulogio Díaz Torres Decano Colegio Oficial de Arquitectos de Almería
