Francisco Lores
ALMERÍA.- Una nueva sentencia de la Audiencia Nacional vuelve a dar la razón a los Ingenieros Técnicos Industriales que, representados por el Colegio Oficial, van a remitir a las Áreas de Vivienda y Desarrollo Urbano dicha resolución, un recurso contencioso-administrativo promovido por el Abogado del Estado en defensa y en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra cinco resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda de fecha 20 de diciembre de 2016 en las que se deniega la subvención para la rehabilitación presentada por varias comunidades de propietarios de La Coruña.
Las resoluciones denegatorias se fundamentan en que el informe de evaluación del edificio (IEE’s) que se ha de acompañar a la solicitud, no está firmado por técnico competente. Además, en dos de ellas, se alega, por el mismo motivo, que el proyecto de instalación de un ascensor no cumple los requisitos exigibles. En este sentido, desde COGITIAL recuerdan que los Ingenieros Técnicos Industriales también intervienen en el proceso de la edificación, redactando y dirigiendo obras, para lo que “realizar un informe, no es entendible un criterio restrictivo en función de usos y tipologías edificatorias”.
Desde el Colegio aseguran que, además del daño que se le hace a un colectivo profesional cualificado y preparado como el de los Ingenieros Técnicos Industriales, los grandes perjudicados son los propios ciudadanos, ya que se pueden ver de manera involuntaria envueltos en un mercado monopolizado, con sobre costos innecesarios y en una disputa legal, “llegando a enfrentarse a multas y sanciones si no atienden los requerimientos recibidos después de un excesivo periodo y tener las tasas pagadas”, explica Francisco Lores.
Desde el Colegio recuerdan que el Consistorio de la capital Almeriense contradice el dictamen del Comité Nacional de la Competencia, que imposibilita que estas inspecciones puedan quedar limitadas a unos técnicos concretos. “Queremos sentarnos y cerrar de una vez los trámites para solucionar esto y que no sean los ciudadanos los que se vean perjudicados por una resolución partidista, arbitraria y contraria a la Ley”, argumentan desde el colectivo profesional.
COGITIAL lleva trabajando desde hace años en recordar que “en vista a los informes que ya ha realizado en este sentido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y algunas agencias autonómicas de la competencia, esperamos y deseamos se pueda resolver esta desagradable situación sin necesidad de seguir recurriendo a los Tribunales de Justicia”. Así se está trasladando ya al Ministerio de Fomento y las diferentes Administraciones autonómicas y locales mediante las correspondientes misivas informativas restituir el mercado.
“Tenemos que ir dejando a un lado los cotos cerrados para determinados profesionales que no estén basados en conocimientos, y apostar por una competencia sana que fomente la competitividad, y genere garantías y seguridad a la sociedad que estatuariamente tienen atribuidos con la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, y todo ello ante toda clase de Instituciones, Tribunales, Administraciones Públicas, Entidades sociales y particulares. En este aspecto, los Colegios Profesionales hemos de ser garantes y rebajar el nivel de corporativismo, para confluir en modelos de habilitación profesional que permita a nuestros compañeros mantener un desarrollo continuo acompañado de una versatilidad y evolución de las atribuciones”, concluye el presidente de COGITIAL, Francisco Lores.
