domingo. 25.09.2022

Imagen de este miércoles de la comparecencia en comisión de la consejera



La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asegurado este miércoles que el Decreto-ley 3/2019 de medidas urgentes para edificaciones irregulares en Andalucía, que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión del 24 de septiembre, "no es una amnistía", lo ha retratado como "una respuesta rápida, una solución provisional y urgente en tanto se apruebe la nueva Ley del Suelo", mientras, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha reclamado "la colaboración público-privada de la mano de los Colegios Profesionales, que pueden jugar un papel interesante para que esto no nos lleve años".

Vox ha sido el grupo solicitante de la comparecencia de la consejera de Fomento en comisión para abordar las edificaciones en suelo rústico.

El Decreto-ley 3/2019 permite, aseguró la Junta de Andalucía en una nota tras el Consejo de Gobierno el acceso al AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad, seis años desde su construcción, o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.

Carazo, que ha reconocido que la cifra de 300.000 viviendas ilegales "no es un dato oficial, la Consejería desconoce la cifra oficial", ha defendido el uso de este Decreto-ley con el argumento de ofrecer "a este asunto la solución más rápida posible", por lo que se ha remitido a un contexto caracterizado por "viviendas que llevan décadas esperando una solución, con dramas familiares y personales".

La consejera de Fomento ha reivindicado que "ya tenemos un texto bastante adelantado", en referencia a la Ley del Suelo y ha expresado la intención del Gobierno andaluz de "no dejar pasar el debate de cómo fortalecer la inspección y la disciplina urbanística" con la intención de que "situaciones como ésta no vuelvan a repetirse", un objetivo que llevará a la Consejería a abordar con "los ayuntamientos fórmulas y procedimientos" para el ejercicio de la inspección urbanística.

"Cómo hemos llegado hasta aquí", se ha preguntado la consejera para aludir a poblaciones y comarcas concretas como las afectadas por la acumulación de viviendas ilegales, entre las que ha enumerado Chiclana de la Frontera y Conil en la provincia de Cádiz, la Axarquía malagueña, el Valle del Almanzora en la provincia de Almería, o Carmona, municipio de la provincia de Sevilla.

"Qué ha pasado y por qué hemos llegado a esta situación", ha vuelto a lanzar la consejera de Fomento como reflexión retórica, quien ha apuntado "el mirar hacia otro lado, el no ejercer la Junta las competencias de inspección y de disciplina urbanística".

Carazo ha aludido a los antecedentes legales heredados, ya anulados por el Decreto-ley 3/2019: el decreto Decreto 2/2012 sobre edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable y Ley 6/2016 que modifica la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, que profundizó en el llamado reconocimiento AFO, que introdujo el decreto de 2012.

Carazo ha hecho balance de esta iniciativa, de la que ha indicado que solamente 1.500 viviendas han resuelto su situación al amparo del decreto de 2012, y ha precisado que la normativa precedente ofrecía una solución vinculada a los Planes Generales de Ordenación, por lo que ha apostado por mirar hacia "otra figura de planeamiento como los planes parciales".

"Son los ayuntamientos los que tienen que impulsar los planes parciales", ha sostenido Carazo, quien ha asegurado que los responsables municipalles "van a encontrar a los técnicos en las Delegaciones Territoriales para ir de la mano", así como que este miércoles en Antequera se celebra una reunión de los delegados provinciales y de los técnicos "para hacerles partícipes del texto" y este jueves habrá un encuentro en la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla con alcaldes de esta provincia "para resolver sus dudas y cuestiones pendientes".

El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha reconocido el complejo contexto que rodea a las viviendas ilegales, de la que con la excepción de "gente que se ha enriquecido con las parcelaciones", ha incluido a "gente que por desconocimiento, singularmente, extranjeros, se encuentran en una situación difícil". "Es un problema grave que afecta a muchísimas viviendas y personas", ha razonado Hernández.

"La solución Afo es incompleta", ha indicado el parlamentario de Vox, quien ha considerado que "no podemos hablar de amnistía", en referencia al Decreto-ley 3/2019, "porque no hay posibilidad de prescripción alguna" en el ordenamiento jurídico.

"Sobre los ayuntamientos, somos escépticos", ha manifestado Hernández tras el planteamiento anunciado por la consejera de Fomento de trabajar de la mano de las corporaciones municipales en la inspección urbanística. "Será por falta de medios, por otros intereses, por el ánimo de recaudación sobre cualquier otro interés, el IBI, cobrando como si fueran fincas de naturaleza urbana", ha profundizado Hernández como razones de su desconfianza hacia la labor municipal.

Como cierre de su intervención, Alejandro Hernández ha apelado a "la colaboración público-privada, especialmente de los Colegios Profesionales", como refuerzo externo para ejercer la competencia inspectora o de supervisión.


--EUROPA PRESS--

Carazo señala el decreto de viviendas ilegales como "solución rápida" mientras trabaja...
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