MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
CCOO ha expresado su ratificación de la propuesta salarial presentada por el Gobierno para los empleados públicos entre 2022 y 2024, como ya hizo UGT el pasado viernes, mientras que CSIF la rechaza, a la espera que el Ejecutivo presente en las próximas horas una nueva oferta de subida salarial a tres años que supere la inflación, como han informado fuentes de la negociación tras la mesa de diálogo de este lunes.
El coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, Humberto Muñoz, ha confirmado, a través de un vídeo, que el sindicato ha decidido aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con un incremento salarial para los empleados públicos que "podría alcanzar hasta el 9,5% en el plazo de vigencia del acuerdo 2022-2024".
"Todo ello está condicionado a una correcta relación en la aprobación, en las próximas semanas, de ese acuerdo en otras materias muy importantes que acompañan al salarial y que tienen que ver con la recuperación de determinados recortes de Gobiernos anteriores", ha matizado Muñoz.
No obstante, CCOO ha reconocido en un comunicado que, pese al visto bueno de la organización, la subida salarial sigue "siendo insuficiente".
La cartera que encabeza María Jesús Montero ha presentado a los empleados públicos una subida salarial del 9,5%, que incluye un aumento del 1,5% con carácter retroactivo para 2022 y cláusulas de revisión para 2023 y 2024.
Los funcionarios ya han recibido este 2022 un aumento salarial del 2%, al que se sumará ese 1,5% retroactivo propuesto por Hacienda, lo que suma un 3,5% para este ejercicio.
Para 2023, el Ejecutivo fija un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5%. Los sueldos de los empleados públicos se subirían un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%.
La oferta de Hacienda se completa con un alza del 2% en 2024, de nuevo con un cláusula para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.
El Gobierno esperaba este lunes una respuesta por parte de los sindicatos a esa oferta, que solo cuenta con la oposición de CSIF. Su secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, ha recalcado tras la reunión de esta mañana que la oferta de Montero "es insuficiente por dos cuestiones fundamentales".
"La propuesta económica ni siquiera corrige la inflación con la que va a cerrar este año, y en materia de condiciones laborales, hay muchas cuestiones que para nuestra organización deberían estar en el documento", ha comentado Lama a los medios.
NUEVA REUNIÓN ESTA TARDE
Hacienda y los sindicatos tienen una nueva cita a las 17.00 de esta tarde. CSIF espera que los negociadores del Gobierno presenten "una nueva propuesta" que recoja sus reivindicaciones para poder dar su visto bueno.
UGT, por su parte, ya confirmó, tras la negociación del jueves por la tarde, que "con toda probabilidad" daría el visto bueno a la oferta de Hacienda y así lo ratificó por unanimidad su Consejo Federal el viernes. El secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, sostuvo entonces que el acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios será "una buena noticia para todos los ciudadanos", y no solo para los empleados de las administraciones públicas.
Tras la reunión de este lunes, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha reiterado que el sindicato "apoya este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad".
"Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos", ha dicho Araque.
El acuerdo entre Hacienda y los sindicatos de la Función Pública también recoge la eliminación de las limitaciones que impiden la negociación e implantación de una jornada ordinaria de 35 horas en las Administraciones Públicas, la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) y la derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012.
Asimismo, alude a la limitación de la tasa de reposición, a la implementación de las medidas de igualdad, a la negociación sindical de la digitalización y modernización de las Administraciones Públicas, y a la negociación de la atracción y retención del talento en las Administraciones Públicas.
