viernes 21/1/22

Los dispares pronunciamientos de los distintos tribunales superiores de Justicia sobre la legalidad o no de pedir pasaporte Covid en los establecimientos públicos empieza a generar una especia de mezcla entre alarma social y desconfianza en el modelo judicial,  muy seriamente tocado tras la renovación del Tribunal Constitucional, pese a que no es un órgano del Poder Judicial. Pero como no es algo que todos sepan, al final todo lo que huele a toga y tribunal entra en el mismo saco. Si añadimos la falta de renovación de la cúpula judicial, mas el ruido político paralelo, tampoco ayuda mucho para volver a creer en quienes interpretando y aplicando las leyes deben impartir justicia. Y ahí está el problema, en que las últimas interpretaciones generan más desasosiego que seguridad.

Y vamos por partes. Por ejemplo, el Constitucional tumbó algunas medidas relacionadas con los estados de alarma, como ahora se deniegan determinadas acciones por los tribunales superiores al entender que violan o limitan derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Pero al igual que la libertad, la igualdad y la no discriminación son derechos fundamentales recogidos en los artículos 9 y 14 de la carta marga, también lo es el derecho a la vida que recoge el artículo 15. Y qué prima, la vida como derecho fundamental y el ya no fundamental, pero sí constitucional, derecho a la salud que recoge el artículo 34, o todo lo demás. Cuál va primero y en qué medida, si afecta a todos en general el derecho de unos pocos.

Y pongamos un ejemplo de cómo acomodamos los derechos fundamentales a los casos concretos para que todos podamos entenderlo. El domicilio como tal es inviolable y ese es un derecho fundamental, nadie puede entrar en nuestra casa sin mandamiento judicial y la policía tan sólo podría hacerlo sin esa autorización en caso de flagrante delito. Y claro, siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, es decir, que sea la alternativa menos gravosa. Por ejemplo, nadie se opondría a una entrada si dentro del domicilio se está poniendo en peligro la vida otras personas.

Pero no lleguemos a ese extremo de la vida o la muerte. Intentemos quedarnos en la observación del principio de proporcionalidad.

Qué es más proporcional para proteger derechos en general, en estos momentos tan especiales. Qué es más dañino, prohibir la entrada a bares y restaurantes por norma de aquellos que no estén inmunizados bien por vacuna o por otras causas, o poner en riesgo a los demás. Que es más gravoso, adoptar estas medidas de prevención o jugar a la ruleta rusa con la posibilidad de nuevos cierres y restricciones.

Lo más gracioso de todo este asunto es que la clave no está en la discusión judicial, sino en los propios establecimientos, que pueden denegar el acceso a sus locales ejerciendo su derecho de admisión, frente a quienes pongan en peligro la seguridad de sus clientes o puedan provocar con su presencia situaciones violentas

De hecho, en muchos países ya se ponen carteles en los accesos a establecimientos anunciando que queda prohibida la entrada a quienes no estén vacunados o inmunizados de forma natural, y puedan demostrarlo documentalmente. Quiere decir, pasaporte Covid. Si es discriminación hacia unos o derecho de otros, se ha solucionado con sentido común, sin más aspavientos que trasladar la decisión a la ciudadanía.

A mi, por ejemplo, me dará más confianza aquel que no deje entrar o sirva bebidas o comida a quien no esté vacunado. Y puede que esa medida sea mucho más efectiva para incitar a la vacunación que cualquier campaña institucional de comunicación, porque somos España, donde tocar los bares es casi pecado capital.

Y todo este rollazo de leyes y derechos no es más que una llamada a que entendamos que hay cosas que no tenemos que esperar a que nos resuelvan el poder legislativo, ejecutivo o judicial, porque tenemos herramientas de sobra para poder actuar ahora, en este momento, que es cuando hace falta sin necesidad de ninguna Ley Covid, que ya sería para llorar por las esquinas.

Una ley Covid
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