Un escaparate de la corrupción en Almería

Javier A. Salvador, @jsalvadortp

El Mesón Gitano es uno de los claros escaparates de la corrupción en Almería y así lo ha entendido la Fiscalía en su escrito de acusación por un caso que, por lo menos, da un poco de luz a lo que ha venido sucediendo durante años en esta ciudad. El hermano del alcalde, antes del concejal de urbanismo, la esposa del de obras, familiares de jefes de servicio y un sin fin de favores que terminaron con la chapuza estética y administrativa de La Alcazaba, todos fueron parte de la nómina de Facto, la empresa que lo construyó y que ahora hemos descubierto que algo sigue mandando en el consistorio, porque hasta le pagan los recibos de la luz de empresas en las que participan. Y la gran pregunta es, si están en el banquillo por tales hechos ¿por qué siguen ejecutando obras para el Ayuntamiento? Y por preguntarnos por qué no despejar la incógnita de ¿Cómo es posible que uno de los imputados, además funcionario, pudiese hacerse con el contrato de servicios urbanos de la ciudad?
Para muchos el problema está ahora en que se deja escapar a los políticos que daban el visto bueno a las actuaciones de los técnicos y las empresas que durante años mandaron en las obras públicas de Almería, pero de ahí a decir que es injusto que se pida prisión para funcionarios y empresarios que presuntamente convirtieron el Ayuntamiento en un cortijo en el que las obras se repartían como si fuesen un paila de migas, pero de la que sólo comían un grupo de amigos, hay mucho camino.
Tenemos funcionarios que son, sencillamente, ricos. Individuos que seguro que técnicamente son la leche, pero que han estado jugando en el terreno privado y público al mismo tiempo, contando con información privilegia y capacidad de decisión para beneficiarse de ello.
Entre los imputados aparecer el todo poderoso Juan de Dios Matarí, funcionario, socio de Facto con una sociedad interpuesta que estaba a nombre de su mujer, hoy fallecida y en su momento también investigada. Junto a éste David Lozano, también jefe de servicio del consistorio y José Luis Merelo, uno de los técnicos que si quería aprender de tan sabios maestros, ahora se ve ante el abismo de nueve años de inhabilitación, 1,9 años de cárcel y 5,4 millones de multa. Vamos, para aprender la lección de verdad.
Y si los funcionarios tienen un problema serio no es pequeño el que se le avecina a la empresa Facto, fundada por José Torrente y dirigida por Antonio Alañón. A ambos también se les piden penas de 18 meses de cárcel y 5,4 millones de euros.
Lo primero que hay que tener muy claro es que todos ellos, de una forma u otra, ya respiran con cierta tranquilidad porque saben que con esas penas iniciales es muy posible que nunca lleguen a privarles de libertad. Y en cuanto a multas ya pueden venir las que sea, que luego ya se descubrirá quién es solvente para pagarlas.
Buena muestra de la tranquilidad con la que se toman este asunto, que más allá del escarnio público poco parece afectarles, es que Facto sigue siendo una de las empresas que más obras hace para el Ayuntamiento de Almería. Participa o tiene en solitario un listado enorme de concesiones administrativas, como aparcamientos, gimnasios o la residencia de ancianos de la Vega de Acá, y así podemos descubrir hoy, aquí, el significado de aquel “Luis se fuerte”, mensaje que Rajoy Mandó a Bárcenas, precisamente desde Almería.
Porque parece que a quien no tira de la manta ni pan ni chorizo le van a faltar en la mesa.
El problema es que invitamos entre todos.