SOS fiscalía o lo que sea
Javier Salvador, @tpjsalvador
Que un empresario denuncie públicamente que ha sido invitado a un concurso público y que cuando fue a ver el trabajo que tenía que hacer comprobó que ya estaba hecho, es decir, que se trataba de un presunto paripé es algo urgente, importante y necesariamente investigable. Que el concejal responsable del área asegure que estas cosas pasan, que es normal, no es ni tan siquiera para tirarse de los pelos, sino para pedir la independencia o tirarse al monte, porque no puede existir tal impunidad al amparo de que en este país hay problemas más graves.
Lo que ocurrió en El Toyo no es algo nuevo, porque el jefe de filas de este muchacho, el concejal de marras, no hace mucho firmaba contratos públicos de obras que ya estaban hechas en Olula del Río, y no pasó nada durante meses y al final al que citan a declarar no fue al que firmó, Gabriel Amat, sino al segundo de la fila, al tercero o al cuarto. Y este caso, por lo menos ha llegado a los juzgados, después de varios años esos sí, pero al que imputan o investigan es el alcalde y no al que contrata y paga los servicios que está en la Diputación Provincial.
En este país, en el que escribes un tuit y te llevan al Tribunal Supremo, o donde una denuncia anónima mantiene a un alcalde imputado durante dos años, como el caso de Serón, no podemos estar mascando continuamente esa sensación de que hay un rasero especial para cada clase social e ideología política, porque no sólo no es bueno para creer en la verdadera separación de poderes que debe hacer funcionar nuestro modelo de estado, sino que te hace dudar hasta de si de verdad estamos construyendo un verdadero modelo justo y democrático.
Entiendo que puede haber alcaldes con suerte, como el de Roquetas de Mar, a quien le cambian de juez cada dos años y así la trama de más de 100 empresas vinculadas a él y un presunto trato de favor en su ayuntamiento se demora constantemente porque entre que se ponen al día y los vuelven a trasladar aquí nunca se saca nada en claro, salvo que es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Pero no entiendo que, por ejemplo, si hay evidencias documentales en poder de la propia fiscalía, y si no las tiene que las descargue de teleprensa, de que ha podido haber fraccionamiento del objeto del contrato, de forma continuada, en la Diputación Provincial de Almería con el patrocinio de turoperadores y campañas publicitarias, nadie diga nada o investigue menos.
Vamos a ver una cosa, que parece que no nos hemos enterado. A los españoles lo que más nos preocupa, y lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es el paro, si y pese a la recuperación económica, el segundo tema que más nos preocupa no es ETA, Cataluña ni el precio del petróleo, sino la corrupción. Existe una creencia generalizada de que en determinados ayuntamientos lo que se decía de los hermanos Guerra es un juego de niños comparado con lo que hay, pero vamos que tampoco es tan difícil sumar dos mas dos y averiguar cómo es posible que un alcalde viva en una mansión de varios millones de euros que está a nombre de su mujer que, por otro lado, ha estado tiesa como la mojama desde que se la conoce. Concejales que parece que han heredado virreinatos y ya no guardan ni las apariencias o diputados que llevan toda la vida en política y tienen los santos cojones de pedir la compatibilidad para atender sus despachos profesionales. Como si no hubiésemos aprendido ya de los casos de Arístegui, de la Serna y tantos otros que han metido a sus empresarios protegidos en determinados círculos de poder, conseguido medallas nacionales y tantas otras cosas que no corresponden a servidores públicos, sino a asesores privados. Bueno sería, por ejemplo regular de una vez los lobbies para que quienes se quieran dedicar a ello facturen y estén identificados. Verán como entonces ningún diputado, concejal o ex cargo público en ejercicio figurará entre sus socios.
Vamos a enterarnos de un par de cosas. Es investigable si un concejal de urbanismo ha tenido a su hermano trabajando en una empresa que prestaba servicios a su mismo ayuntamiento. Es investigable si una concejal municipaliza una empresa privada entre cuyos trabajadores está su marido.
Huele mal, muy mal, si a un empresario le llaman a un concurso público y cuando intenta hacer su trabajo ve que le están tomando el pelo, y todo eso hace que no quede más remedio que hacer señales de SOS a la fiscalía o a quien sea porque no, la publicidad institucional no puede ser el bálsamo que lo calle todo.