De la historia debemos aprender a no ser rehenes de ella, porque de no ser así estaremos siempre abocados a repetir los mismos errores una y otra vez, cíclica y perversamente.
Es obvio que por mucho que se revise la ley de Amnistía que corrió un tupido velo sobre la dictadura en España, estaremos muy lejos de llegar a ese punto de nuestra historia en la que nos enfrentemos, de verdad, al franquismo y los años de terror que sucedieron al final de la guerra y hasta la muerte del dictador. De terror para unos y de auténtico enriquecimiento injusto para otros, porque lo que realmente se impuso fue una sociedad de clases en la que se medraba por afinidad a un régimen, de arribistas en toda regla.
Para debatir sobre la conveniencia o no de entrar en la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 lo primero y más recomendable es leerla, porque son apenas 12 artículos y es necesario saber y comprender lo traído la mesa de debate.
A partir de ahí se puede hablar de su revisión, teniendo en cuenta que algunos de sus preceptos fueron declararos inconstitucionales con posterioridad (sentencia del TC 147/1986, de 25 de noviembre). Es posible que una nueva revisión terminase por darle otra vuelta a su constitucionalidad, pues aunque no lo creamos, nuestra carta magna está en cierta medida en constante evolución. Es decir, todo acuerdo internacional que suscribimos entra a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y ello implica que tenemos o debemos aplicar esos nuevos preceptos.
En todo este lío, humo para muchos, hay una enorme carga de profundidad que obviamente sólo podía venir de PNV o de ERC, precisamente porque no tienen hipotecas con ningún pasado, y en esta ocasión los catalanes han puesto el dedo en la llaga.
Su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, que ahíla muy fino, habla de resarcir a las víctimas de la dictadura sabiendo que eso a estas alturas es improbable por no decir imposible, aunque hay un detalle muy especial en todo su discurso que si merece una segunda vuelta, la devolución de bienes que fueron robados a españoles por un régimen ilegal, inconstitucional e impuesto por las armas. La amnistía corre un tupido velo sobre el alzamiento y determinados delitos que se dieron en ambos bandos, pero claro, hasta qué punto podemos obviar ese expolio que se hizo como modelo de represión. Fincas enormes en todo el territorio español, bienes e inmuebles y un sinfín de derechos de propiedad que se usurparon a unos para entregarlos a otros. Y esto es ceñirse a los daños materiales únicamente, ya que nadie resarcirá a las miles de mujeres que fueron vejadas, abusadas y violadas, para conseguir sencillamente un permiso con el que ver a sus presos, conseguir su libertad condicionada a destierro del lugar natal, etcétera.
En este marco, quienes crecieron en democracia, tienen derecho a sus 50 años de edad, a saber quienes fueron aquellos que han convivido con ellos pero con las cartas marcadas. Existe la necesidad de desterrar los tabúes para que la memoria de esas personas quede en su justo lugar, y quienes fueron ladrones sean recordados como tales, e incluso para conocimiento de sus propios descendientes.
Algunos pueden interpretarlo como revanchismo, pero la clave está en que no es así. Sólo persiguiendo el mal hasta el final, mostrando a las generaciones actuales lo que supuso esa época y las consecuencias que nunca debió dejar de tener, tendremos la oportunidad de poner freno a ese enaltecimiento de los extremismos.
Por ello, y ahora que los medios de comunicación son tantos y diversos, sacar a la luz todo, y que corra por las redes al perpetuo alcance de todos, abocará a una solución que no está en las macrocausas que nunca podrán llegar a nada, sino en el rechazo social colectivo desde el conocimiento de hechos, porque al fin y al cabo ese rechazo social es lo que generará las leyes del futuro como garantías de una mejor convivencia.
