El Ayuntamiento de Almería tiene mucha suerte judicial. Es un tipo de baraka peculiar, porque siempre sale absuelto cuando el brazo de la ley se cierne sobre personas o personajes del tipo Bárcenas, es decir, de los que dicen eso de “si yo caigo caéis todos”. Lo fastidioso de este asunto es que nunca le funciona esa buena estrella cuando se trata de pagar auténticas millonadas a costa del bolsillo de todos los almerienses, como ha ocurrido con la expropiación de suelo para el tramo final del Paseo Marítimo de Almería y que ha supuesto algo más de 18 millones de euros, de esos de pagar y que nadie perdona.
La crisis de estos momentos es un tanto extraña. Ya no se trata de si la intervención de la Policía Judicial fue del tipo “que nadie toque los ordenadores a partir de este momento, retírense de las máquinas y esperen a que un agente les de indicaciones”, o si sencillamente llegaron pidiendo información, archivadores y discos duros. El problema es que toda la operación se centra sobre una única persona de extrema confianza de la cúpula política municipal desde el año 2005. No es una broma, porque me imagino que ese trabajador municipal no llevará muy bien que, además de que todos sus compañeros sepan que le investigan a saco, -ahora todos sospechaban que algo se llevaba entre manos, y antes no, claro-, ver a la policía en tu casa particular, revolviendo todo durante cuatro horas no debe ser agradable. Familiares y vecinos siendo testigos de una imagen de película, definitivamente no debe ser plato de buen gusto.
Para nada ayuda a la cúpula del PP, que en estos momentos tampoco es que esté muy unida, que esa persona fuese trasladada a la empresa pública Galasa desde el Ayuntamiento de Almería, donde el actual equipo de gobierno parece querer hacer un Pablo Casado en este asunto. Con lo de hacerse un Casado me refiero a ese divorcio, sobre el papel, con el pasado. Dicho de otra forma, no saben o no quieren saber nada de etapas anteriores aunque casualmente casi todos los que están, alcalde incluido, ya eran concejales o asesores. Todos estaban allí, al mismo tiempo que la persona perseguida por la investigación policial hacía sus primeros pinitos en el Ayuntamiento de Almería.
Lo único que como almeriense pido es que no fuese este técnico el que firmase el conforme a las obras del aparcamiento de Obispo Orberá, porque entonces esto tomaría otros derroteros.
Tampoco ayuda que la persona en cuestión, uno de los acusados en el caso del Mesón Gitano, y del que por tanto quedó absuelto recientemente, esté ahora en las filas de Galasa, la empresa pública prácticamente quebrada que, precisamente, preside el que en su momento fuese el introductor o uno de los introductores del investigado en la vida de la gestión municipal.
Vamos, que hay unas 20 o 30.000 razones para coger este tema y no soltarlo porque, lo que está claro, es que puede ser un elemento absolutamente decisorio en las aspiraciones de los actuales precandidatos virtuales a la presidencia del PP en Almería. Tiempo al tiempo, porque ya es demasiada presunta corrupción para una ciudad tan pequeña.
