El pasado mes de abril, metidos de lleno en la primera ola de la pandemia de Coronavirus, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lanzaba sus huestes a la calle para que, haciendo uso de argumentario, difundiesen sin miedo alguno que la responsabilidad por las muertes que se daban en ese momento, por la crisis de las residencias de ancianos, era totalmente de Pedro Sánchez (PSOE), presidente del Gobierno de España. Unas semanas antes Diaz Ayuso, la nueva Grimhilde del PP, decía textualmente "lo más peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe… Estamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo".
Pero se acabó el chollo del mando único y la responsabilidad plena recayó sobre las comunidades autónomas, y la primera consecuencia fue la segunda ola adelantada.
En esta ocasión las medidas de contención se tomaron desde las diferentes capitales regionales. En un principio miraron directamente a los ayuntamientos intentando quitarse el muerto de encima, pero los alcaldes respondieron al unísono y dejaron claro que sin medios materiales ni económicos, sin competencias orgánicas ni legales, no estaban dispuestos a soportar un peso que corresponde única y exclusivamente a los gobiernos autónomos.
El resultado ha sido espectacular. La tercera ola se ha juntado con la segunda y en provincias como Almería los máximos diarios de contagio duplican los peores datos que se habían dado hasta la fecha.
La hostelería está cerrada, arruinada y enormemente decepcionada con el trato que le ha dado la Junta de Andalucía. Ya han pedido públicamente la dimisión de Moreno Bonilla.
Los profesionales sanitarios ya ni se quejan. No vale la pena, sólo piensan en mirar hacia delante y terminar con esto cuanto antes.
Cualquier sector económico que no sea de industria primaria padece de indefensión ante la constante improvisación de un gobierno regional que parece gestionar de cara a los anuncios en rueda de prensa, más que en beneficio de los 8,5 millones de andaluces que dependen de sus decisiones. Pero los muertos, en abril, eran responsabilidad de Pedro Sánchez. Ahora, la responsabilidad es única y exclusivamente de los ciudadanos, o así lo dicen los cargos públicos, políticos a sueldo de Moreno Bonilla.
Si la responsabilidad es nuestra, si nosotros tenemos la culpa de las consecuencias, por qué no nos dejan a nosotros tomar las medidas, establecer los límites, las líneas rojas, los horarios. ¿Sería una locura verdad? Siempre tiene que haber alguien que tome las riendas, que dicte las normas, porque para ello votamos cada cuatro años. Incluso para que ocurra lo que sucedió en Andalucía, que gobierna quien perdió las elecciones y se valió de los nostálgicos de la dictadura para llegar al poder ¿Legítimo? Es un pacto de gobierno y, bueno, según con qué camiseta política lo mires.
Lo cierto es que quien anuncia las normas asume, debe asumir de manera inexcusable, la responsabilidad del éxito y del fracaso y por ahora, en Andalucía, sólo crecen las cifras de contagios y muertes. Nunca la de relevos al frente de los órganos de decisión que, por ahora, fallan más que aciertan.
Y creo que no, esta vez la culpa no es de los bares.
(*) Periodista, Spin Doctor, Consultor en Comunicación y Marketing Estratégico ([email protected])
