Crisis de vivienda con trampa
Buena parte del final de 2021 y más o menos la mitad de 2022 la dediqué a estudiar los programas de gobierno de todos los partidos políticos que concurrieron a las elecciones generales desde 1979 y que, obviamente, tuviesen una mínima oportunidad de formar parte del gobierno. Se trataba de una investigación académica al hilo de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que en ese momento era un proyecto de norma. De aquellos meses buceando entre propuestas de gobierno, leyes derogadas y aquellas otras que las sucedieron, pude extraer un buen saco de conclusiones, pero, sobre todo, obtuve una cifra extraordinariamente importante para la sociedad de hoy. La suma de los planes propuestos solo en programas de gobierno por los partidos que han estado al frente del ejecutivo español desde 1979 alcanza más de 4.180.000 viviendas de protección oficial o vivienda social comprometida. En 2018, el último dato ofrecido por el Ministerio de Fomento indicaba que se entregaron 5.167 unidades. El total estatal desde 1991 es de algo más de 1,3 millones, según datos del Defensor del Pueblo en su informe de 2019.
Ahora que todo el mundo opina sobre la crisis de vivienda y se ofrecerán datos y planes de todos los colores, se estima que si fuésemos capaces de poner un millón de unidades en el mercado, acabaríamos con la crisis actual, aunque no con el problema.
Y ahora les cuento otra realidad.
En España, hay unos tres millones de personas que tienen un piso en alquiler. Es decir, gente de clase media que ahorró y compró una segunda vivienda que ahora alquila, preferiblemente por habitaciones. Prácticamente su bienestar, su estatus de desahogo económico, depende de esa inversión, porque ese retorno completa su pensión o ingresos normales. Casi todos ellos prefieren, además, alquilarlo en negro. Es decir, que si puede ser sin contrato, mejor, porque eso de pagarle a Hacienda es de idiotas, según las tendencias de los nuevos neogurús que invaden las redes sociales. Normalmente, estas personas son, además, carne de cañón de estafas piramidales generadas desde esas mismas redes sociales.
Los grandes tenedores y fondos de inversión tienen, en realidad, una presencia casi anecdótica en nuestro mercado.
Y ahora les invito a un ejercicio muy sencillo. Calculen qué ocurriría en la actual situación de intención de voto de cara a unas generales, si esos tres millones de personas —que podemos multiplicar por dos sin problema alguno por la presencia de cónyuges o beneficiarios colaterales directos— diesen la espalda a los partidos que anuncian medidas intervencionistas, precisamente en ese mercado irregular que a ellos les permite vivir con cierta calidad de vida.
Es decir, si a raíz de estas movilizaciones quien actúa es el gobierno de Sánchez en vez de las comunidades autónomas, como la de Ayuso, que tienen las competencias directas, ¿de quién se van a acordar?
Pues aquí está la trampa. Y que nadie piense que esta es una movilización muy de gentes de izquierdas. Nada de eso, es una obra maestra del más purista ejercicio de comunicación estratégica.
Y ahora la pregunta es: ¿cómo se combate? Sencillo, con la política más de derechas que jamás hubo en este país aplicada desde la izquierda: construir casas desde el Estado, como aquellas que aún tienen el yugo y las flechas en las fachadas. Vivienda social moderna, gestionada por una empresa pública estatal. Nada de venta, concesión administrativa por 25, 50 o los años que se estimen. Viviendas que sirvan de puente hasta el acceso a una propiedad, si se da el caso.
Si rompes los esquemas a los grandes grupos promotores ocupando, precisamente, su espacio, tardan tres días y medio en aflorar viviendas baratas para cubrir las necesidades de todos. Esta historia, en España, ya se ha vivido.