El poder judicial ha caído en una trampa muy perversa, que es precisamente embarrarse en un terreno en el que si quieres luchar tienes que hacerlo con las mismas armas que los demás, porque la comunicación, y en especial la comunicación política, tiene unos matices muy diferenciados, como el hecho de que no se trata de qué vas a decir, sino qué interpretación se va a hacer por parte del receptor del mensaje. Y llegados aquí hay que entender una cosa, que los jueces son como los partidos políticos, y me explico. Hay un 50% de la población que adora una opción, o familia ideológica más bien, y el resto sencillamente gira en torno a la contraria.
En el caso de los jueces deben entender que como árbitros de conflictos, siempre habrá una parte que les odien, los que pierden, y otra que les adoran, que son precisamente los que ganan. Y esto en cuanto a quienes han tenido alguna vez algún roce con los juzgados, porque el resto de la población, sencillamente, no quiere ni verlos de cerca. Y esto, señores, es un problema.
El poder judicial es el único sobre el que no deciden los ciudadanos, cuando el artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978, lo deja meridianamente claro: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Puede parecer pretencioso que me permita dar consejos desde una columna a la clase judicial, pero no me importa, porque llevo más de veinte años en esto de la comunicación política, eso que cada vez se define más como spin doctor, cuando realmente lo que haces es analizar variables para ayudar a tomar decisiones, idear estrategias y conseguir que el receptor las interprete de una manera precisa.
En estos momentos el Poder Judicial se ve desde la calle de otra manera, muy distinta, a lo que idearon los constituyentes. A nadie le cabe ninguna duda de que hay jueces de derechas y de izquierdas, y que en los últimos años es mucho más evidente el color de la camiseta de cada uno de ellos. Por ejemplo, que un miembro del mas alto órgano de gobierno del Poder Judicial publique un artículo de opinión en un medio de comunicación de reconocida ideología conservadora es una torpeza, porque no se trata de comunicar para tus adeptos, sino de hacer entender a los contrarios.
Pero volviendo a lo serio, a lo que puede provocar una seria fractura, el problema está en que los jueces tienen en estos momentos no una crisis de poder por una acción del Gobierno, sino por la percepción de la ciudadanía.
El riesgo real es la movilización social pidiendo que una parte de los jueces sea elegida por los propios electores, como ocurre en Estados Unidos con determinados escalones del Poder Judicial, y claro, eso conlleva un peligro. Y para que se hagan una mínima idea del problema, respondamos primero a la pregunta de quiénes les pagan las campañas. Pues ojo al dato: “en el periodo que concurre del año 1999 a 2006, el 35% del dinero invertido proviene de compañías aseguradoras y un 26 % de despachos de abogados, un 11% de partidos políticos, y un 7% de fondos propios”, según un informe publicado en su día por Georgetown Journal of Legal Ethics.
Es un peligro, pero también es lógico que la sociedad actual entienda que tiene derecho a elegir si ellos mismos (legislativo, ejecutivo y judicial) no son capaces de solucionar sus propios problemas, y eso no quiere decir que se configuren como un poder en el que el pueblo no tenga nada que decir. Cierto es que la representación del pueblo son los partidos políticos, pero en conciencia se vota para elegir legislativo y por inercia al ejecutivo. Ahora, que la perversión de los propios grupos lleve a este circo tiene sus consecuencias, pero también derivadas de los escándalos locales en los que vemos alcaldes tan presuntamente corruptos como intocables y administraciones que pueden machacar a ciudadanos más importantes y rentables, para la carrera político judicial, que el interés de un particular.
Es un problema de percepción, por lo tanto, toca afinar con comunicación, que no es precisamente mandar más notas de prensa.
