¿Creían que había terminado? ¿Que esto iba a quedar en una mera comisión de Diputación? ¿En un sumario que se instruye a 800 kilómetros de Almería? El baile ha comenzado y la Policía Judicial ya interroga a un importante número de personas, entre ellos el hermano del ex mano derecha de Javier Aureliano García y encarcelado preventivamente en la operación, Oscar Liria, a directivos de la empresa constructora para la que trabajaba, también contratista de la Diputación, y a un importante número de sujetos que por otra parte generan un problema al que hay que darle solución. Por una parte está la operación en la que Liria y otros están presuntamente implicados en una red de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado para el tráfico de drogas. De ahí se derivan, además, las mordidas detectadas por los investigadores que en su momento llevaron a la detención e ingreso en prisión del ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería.
Por otro lado, está la red de minúsculas empresas que facturaban a otras sociedades de mayor tamaño que, a su vez, contrataban directamente con la Diputación Provincial. La particularidad de esas sociedades vehiculares es que, por ejemplo, podías encontrarte al hermano de un diputado provincial como socio del gerente de una contratista de la institución provincial con la que, incluso, pudo tener hasta relación laboral. Es decir, que no es sencillo de explicar. Un tipo trabaja para una empresa, pero además es socio de otra sociedad que al mismo tiempo le factura a la empresa para la que trabaja. Y, por si fuera poco, esa segunda sociedad la compartía con un directivo de la que le paga el sueldo. Resumiendo, demasiado enrevesado para nada bueno.
Todas estas conexiones que están apareciendo, como el hecho de que uno de los detenidos junto a Liria fue el administrador de una sociedad justo desde el momento en que dejó de serlo uno de los administradores de una de las principales contratistas de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Almería, son las que generan un problema paralelo.
Dependiendo del grado de implicación directa en las operaciones, en los hechos ilícitos o delictivos que provocaron la operación Lúa (el de las mascarillas de Diputación Provincial de Almería), puede generar que la representación legal de alguno de los actores en esta causa recurra la competencia territorial del juzgado de Barcelona para andar por estos derroteros. De plantearse algún problema en este sentido, alguien y no es de buena educación señalar, debe velar porque esa puerta no se cierre hasta que quede totalmente esclarecida.
Otra cuestión muy distinta es la responsabilidad política, porque si hay una común convicción de toda la opinión pública en este caso es que Oscar Liria no pudo actuar solo. No tenía capacidad de decisión sobre el presupuesto, ni aún durante el Estado de Alarma, por lo que esa comisión que en principio no valdrá para nada y que el actual equipo de gobierno del Partido Popular trata de paralizar con ingentes cantidades de expedientes inútiles, tendrá que buscar la fórmula para establecer a vista de todos las relaciones de unos con otros, entre políticos de la misma familia, para que ese trabajo de investigación política sirva, además, para que la propia sociedad pueda sacar sus propias conclusiones. Y ya les adelanto que ni Ciudadanos ni Vox pondrán el mínimo esfuerzo en ello.
Si como dice la Constitución el pueblo es soberano, que sea el pueblo el que conozca toda la información para hacerse una opinión objetiva de lo sucedido. Y así las cosas, si el verano nos tiene agotados con la constante ola de calor a la que estamos sometidos, el termómetro político puede subir muchos enteros en septiembre, cuando todos vuelvan de vacaciones. Porque será entonces cuando toque lidiar con el asunto Liria en la Diputación Provincial y, por qué no, en el propio Ayuntamiento de Almería también.
(*) Periodista, Spin Doctor, Consultor en Comunicación y Marketing Estratégico ([email protected])
