CÓRDOBA, 3 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, espera que el juicio contra el falso cura, en prisión provisional, y el abogado acusados de haber planeado y perpetrado el asesinato de Juan Carlos, un varón con enfermedad mental, en la aldea cordobesa de La Chica Carlota en septiembre de 2017 se celebre antes del 26 de junio, "que es la fecha tope cuando habría que poner en libertad" al acusado en prisión provisional.
En una rueda de prensa para presentar la Memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2021, en relación con la provincia, el magistrado ha aseverado que tratan de "poner todos los medios al alcance para que no haya que llegar al hecho de que se celebre el día del juicio y hayan pasado los cuatro años de prisión preventiva máximos en los que puede estar una persona antes de ser enjuiciada y haya que poner en libertad".
En ese caso, ha apuntado que "se adoptarían medidas de control para evitar que esta persona se fugue", aunque ha remarcado que "se va a tratar de no llegar a esos extremos y de que el juicio se celebre antes del 26 de junio, que es la fecha tope cuando habría que poner en libertad a esta persona", pendientes del resultado de la vista para resolver los recursos planteados contra las cuestiones previas.
Al respecto, ha abundado en que "se está tratando de hacer todo lo posible", después de que este juicio --con jurado-- "se ha complicado por muchas razones" y se está "en una situación límite, que no es deseable, ni aconsejable para nadie, ni para la imagen de la propia administración de justicia", ha admitido Sánchez Zamorano.
En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas y de Violencia sobre la Mujer dictó a finales de 2021 apertura de juicio oral contra ambos acusados, que se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable.
Según recoge el auto, la Fiscalía considera que el falso cura es autor de un delito de asesinato y pide para él prisión permanente revisable, o subsidiariamente, 25 años de cárcel, así como cinco años de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación y sendas penas de tres años por un delito continuado de estafa, otro de falsificación en documento mercantil --con multa de 5.400 euros--, usurpación de estado civil y tenencia de armas prohibidas.
Respecto del letrado, el Ministerio Público pide cinco años de prisión y multa de 36.000 euros por la supuesta comisión de un delito de estafa. También, demanda indemnizaciones para los hermanos de la víctima por unos 250.000 euros en total.
Mientras, la acusación particular pide para ambos la prisión permanente revisable por delito de asesinato grave, y, alternativamente, por el delito de asesinato prisión de 25 años, así como cinco años de cárcel para cada uno por delito de robo con violencia, 12 años para el falso cura por delitos de tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y continuado de estafa, y/o por hurto, tres años. Y respecto del abogado, dos años de prisión por delito de usurpación del estado civil y cinco años por estafa.
En concreto, Juan Carlos, de unos 45 años, soltero y sin hijos, "diagnosticado de esquizofrenia paranoide y perceptor de una pensión por incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo de unos 1.500 euros mensuales", en febrero de 2017 se puso en contacto con el letrado en cuestión, formalizando un contrato por 6.000 euros más IVA, "para ejercitar acciones judiciales por unos presuntos abusos sexuales sufridos en su infancia".
SUPUESTO ENCARGO DEL ABOGADO
El abogado, "conocedor la enfermedad mental que padecía, aprovechándose de esta circunstancia y sabedor de que no iba a interponer la denuncia encomendada, para justificar el dinero recibido encargó a uno de los clientes de su despacho, al que tiempos atrás había asistido y defendido por su implicación en delitos de robo con intimidación, usurpación de estado civil y estafa, para que llevara a cabo la labor de investigador de los presuntos abusos sexuales", de modo que supuestamente lo puso en contacto con la víctima.
El auto recoge que por la gestión dicho acusado recibiría del abogado procesado "una cantidad de dinero que no ha quedado acreditada", resultando que el varón de La Chica Carlota, "en la creencia de que su letrado iba a realizar las gestiones encomendadas, realizó tres transferencias desde su cuenta a la del abogado entre marzo y junio de 2017". Así, transfirió unos 9.700 euros, sin que conste que el letrado interpusiera denuncia/querella encomendada por el cliente, ni haya devuelto el dinero a los familiares de éste.
El falso cura, "tras varias conversaciones" con el varón víctima, "para ganarse la confianza, se hizo pasar como abogado del Arzobispado de Madrid y vestido como un sacerdote, se desplazó a La Chica Carlota para entrevistarse con él".
PRECIPITACIÓN DE LOS HECHOS
Tras la primera visita, el finado contactó con otro abogado, "lo que precipitó los acontecimientos y motivó que los acusados estuvieran en continuo contacto días previos a su muerte, ultimando su plan criminal", según se precisa en el auto, que apunta que "son aproximadamente 450 los SMS intercambiados entre ambos acusados entre agosto y noviembre de 2017".
Así, el día 3 de septiembre de 2017, el falso cura se desplazó de nuevo a La Chica Carlota, "esta vez a bordo de un vehículo suyo, igualmente vestido de sacerdote, permaneciendo en la casa desde las 14,07 horas del día 3 hasta las 5,00 horas, aproximadamente, del día 5".
En el referido período de tiempo, el falso cura, "conocedor de la enfermedad mental de Juan Carlos, y aprovechándose de esta circunstancia, conocedor igualmente de la pensión que cobraba y de la escasa relación que mantenía con sus hermanos y en la creencia de que éstos no lo echarían de menos y por tanto no denunciarían su desaparición, terminó con su vida, estrangulándolo y asfixiándolo con una almohada".
"SUPLANTAR SU IDENTIDAD"
A continuación, según el relato del auto, presuntamente se apoderó de toda su documentación personal, sus dos móviles, sus ordenadores portátiles, una impresora, su vehículo y sus dos tarjetas bancarias "para así suplantar su identidad, hacerse pasar por él y disponer de sus bienes".
El día 5 de septiembre, sobre las 5,00 horas, "una vez que había terminado con la vida de Juan Carlos", el acusado cogió su coche y lo aparcó en otra calle de La Chica Carlota, tras lo cual se dirigió a Córdoba con el coche de la víctima, dejándolo en el aparcamiento El Vial, regresando a continuación a la aldea.
Antes, el procesado fue a un cajero y utilizando la tarjeta de la víctima "realizó dos extracciones de 500 euros cada una". Una vez en La Chica Carlota, recogió su coche y se dirigió, nuevamente, a Córdoba, dejándolo estacionado en una calle para "posteriormente dirigirse a pie hasta el aparcamiento donde estaba el coche de Juan Carlos".
Al día siguiente, el acusado volvió a un banco y, "haciéndose nuevamente pasar por Juan Carlos, realizó con su tarjeta y en su perjuicio, una nueva disposición de mil euros". Ese mismo día, "con la irrevocable decisión de hacer desaparecer el cuerpo sin vida de Juan Carlos y suplantar su identidad, disfrazado como sacerdote, adquirió en una ferretería lo necesario para tal fin".
El acusado permaneció en la vivienda desde las 5,00 horas del día 7 de septiembre hasta las 15,00 horas del día siguiente, "tiempo suficiente para cavar una fosa profunda en el patio de la casa y enterró el cuerpo".
Tras ello, solicitó un préstamo por 30.000 euros. "Con el dinero obtenido se sometió a una operación de cirugía estética" en octubre de 2017 en Madrid. Fue detenido en Madrid en enero de 2018. Casi un año más tarde, el 2 de agosto de 2018, se localizó el cadáver de Juan Carlos enterrado en el patio de su casa.
