sábado 28/5/22

APDH-A valora la condena al Estado de 3.000 euros por trato degradante en la detención de una mujer

Según ha informado el colectivo en una nota, "se da cumplimiento parcial así a la decisión de Naciones Unidas, a la que recurrió la denunciante acompañada jurídicamente por APDH-A".

CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha celebrado este martes que la Audiencia Nacional ha estimado en una "novedosa" sentencia que el Estado deberá indemnizar con 3.000 euros a una mujer que denunció "trato cruel y degradante" tras su detención por la Policía de Córdoba.

Según ha informado el colectivo en una nota, "se da cumplimiento parcial así a la decisión de Naciones Unidas, a la que recurrió la denunciante acompañada jurídicamente por APDH-A".

Al respecto, ha destacado que el día 27 de diciembre de 2019 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) estimó la denuncia planteada por la entidad andaluza por el caso de la ciudadana cordobesa, "que había sufrido rotura de los huesos nasales durante una detención".

Cuando fue detenida, "la denunciante no presentaba lesión alguna, pero sí a la salida de la Comisaría, donde fue recogida por una ambulancia tras llamar la propia agredida a los servicios sanitarios, ante la negativa de la Policía a hacerlo", según la asociación.

En este sentido, han apuntado que "ni el Juzgado de Instrucción sobre el que recayó el caso, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional reconocieron vulneraciones de derechos".

Frente a ello, el Comité contra la Tortura consideró que "el Estado parte --España-- no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones no fueron causadas durante la detención".

"Esto hace presumir --asegura la organización-- que se causaron durante su detención", a la vez que "el CAT aprecia en su resolución contra España, como ya hizo en anteriores ocasiones, las dificultades para recibir atención médica durante la detención policial y las deficiencias en la calidad y precisión de las evaluaciones forenses", por lo que "también se incumple la obligación del Estado de asegurar la asistencia médica".

"TRATOS CRUELES Y FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA"

De este modo, APDH-A ha indicado que "la condena se emitió por la existencia de tratos crueles y por falta de atención médica", a lo que ha agregado que "en el dictamen se instó a que el Estado efectuara reparación plena, incluyendo indemnización y rehabilitación, tomara medidas necesarias, incluyendo medidas administrativas contra los responsables e impartiera instrucciones precisas a agentes para evitar infracciones semejantes en futuro".

A pesar de ello, "el Estado decidió no dar cumplimiento, así como no responder a las peticiones efectuadas por la víctima", han advertido desde APDH-A.

Así, ha precisado que "la Audiencia Nacional considera por primera vez, siguiendo a lo que dijo Sala de lo Contencioso del Supremo el 17 de julio de 2018, que 'mientras no se proceda a la reparación plena y adecuada de los daños causados en ejecución de la decisión del CAT, se mantiene, persiste y se perpetúa la vulneración de derechos humanos que aquella declara, a saber, que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes".

No obstante, han puntualizado que "otras salas del Supremo, a diferencia, tales como lo Penal y lo Militar, no comparten este criterio". La sentencia aún no es firme y, por tanto, recurrible, han explicado desde APDH-A.

Según han señalado desde la asociación, "esta decisión es fundamental, porque consolida que las decisiones de los Comités de Naciones Unidas son vinculantes, algo que el Estado viene negando", a la vez que han comentado que "esta vinculación sólo sirve para la indemnización, sólo una parte de la condena de Naciones Unidas, pero no para investigar a los policías responsables".

Entretanto, APDH-A ha reiterado que "es precisa una mayor vigilancia de la tortura, pues la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o incidental en este país", dado que "entre 2013 y 2019 existieron 448 condenas por tortura, según el Consejo General del Poder Judicial".

APDH-A valora la condena al Estado de 3.000 euros por trato degradante en la detención...
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