La acusación que ejerce el PP-A ha pedido al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que se llame a declarar de nuevo al parlamentario andaluz y secretario de Organización del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, por el conocido como caso Marismas y dada su condición de aforado en la Cámara autonómica, aludiendo al artículo 118 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que permite a los diputados o senadores personarse en las causas para ejercitar su derecho de defensa.
En el escrito, recogido por Europa Press, el PP-A solicita que se vuelva a citar a Sánchez Teruel, quien fuera director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura durante las fechas investigadas, después de que el pasado 13 de enero un auto dejara sin efecto la citación que tenía prevista para el 14 de febrero precisamente por ser aforado.
Argumentan los 'populares' que "es de justicia que a fin de no vulnerar sus derechos como sospechoso" recogidos en la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24 de la Constitución; "que se proceda conforme recoge el artículo 118 Bis de la Lecrim".
Fuentes 'populares' ha explicado que este procedimiento es el mismo que se siguió en su día con los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros aforados que se vieron implicados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Así las cosas, el PP-A reclama al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que admita el referido escrito y se proceda a la citación de Sánchez Teruel a fin de que sea instruido de los derechos que le asisten conforme al artículo 118 de la Lecrim, dada su condición de investigado en el caso Marismas.
Cabe recordar que fue en febrero cuando el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla retomó la investigación de las supuestas irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos. Para ello, llamó a declarar a más de una veintena de personas en calidad de investigados.
Entre los citados estaban dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta, al considerar que podrían haber incurrido en delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público, prevaricación y malversación. De estos, la mayoría ya declaró en 2015 en la primera fase de la instrucción pero hay más investigados. Entre ellos figuraba José Luis Sánchez Teruel, que finalmente no declararía en el juzgado sevillano al ser aforado.
EUROPA PRESS
