Todo aquel relevo que no pudo ser en el congreso provincial del Partido Popular, celebrado unos días después de que la Policía Judicial tomase literalmente la Diputación Provincial de Almería con el Caso Mascarillas y la detención e ingreso en prisión preventiva del vicepresidente Óscar Liria, puede convertirse ahora en la medida de choque ante la enorme erosión que están generando los casos sobre contratos públicos puestos en tela de juicio por policía y Poder Judicial. En estos momentos son más de cuarenta las personas, entre diputados, alcaldes, concejales, familiares de éstos, altos funcionarios y contratistas, los que están imputados en sólo dos casos, por lo que Sevilla prepara a su favorito, Ramón Fernández Pacheco, ante una eventual intervención de la ejecutiva regional para evitar la sangría que hace migrar su cantera de voto hacia Vox. Si los populares ven en la figura de Macarena Olona una enorme amenaza por su estrepitosamente rápida conexión con el voto conservador joven, que obvia al PP y se aproxima a la formación que lidera Santiago Abascal, también identifican los casos de corrupción como una enorme barrera de entrada para el esperado trasvase de votos de Ciudadanos a las listas populares.
La alternativa de Pacheco, que era el candidato de Sevilla a la presidencia del partido, nace de una relación de lealtad fraguada desde el congreso nacional del PP. El alcalde de Almería fue leal a Juanma Moreno en las primarias del cónclave nacional, apoyando a Soraya Sáenz de Santamaría, mientras Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y su sustituto en la Diputación Provincia, Javier Aureliano García, utilizaron todos sus recursos para pedir el voto a favor de María Dolores de Cospedal, y posteriormente para Pablo Casado ante el descalabro de la manchega. El favoritismo de la ejecutiva regional quedó claro en el congreso andaluz de finales del pasado año, en el que Pacheco ascendió a portavoz regional, mientras Aureliano quedó relegado a los puestos de relleno.
Pese a la aparente tranquilidad que intentan transmitir ante la avalancha de llamamientos judiciales, apoyada sobre todo en el control de las informaciones sobre las causas judiciales del PP, el altísimo número de cargos públicos, altos funcionarios y empresarios habituales en contrataciones públicas que están llamados a declarar en las próximas semanas, los populares temen que Vox obtenga un alto rendimiento de esta crisis al vincularse cada vez, con más fuerza, el paso de Gabriel Amat y sus herederos con los episodios marcados como presuntos focos de corrupción.
Durante su mandato Amat se apoyó principalmente en las figuras de Javier Aureliano García, ahora presidente del Partido y la Diputación, Óscar Liria, que ya fue detenido y encarcelado, y Fernando Giménez, que fue primero su jefe de gabinete y posteriormente diputado provincial. Los tres han mantenido un férreo control sobre todo contrato público y es ahí donde ahora escarban policía judicial y juzgados tras las investigaciones del Caso Mascarilla, el más reciente, o Hispano Almería, que colea desde años entre retrasos y maniobras legales para tratar que cualquier caso que llegue a un juicio oral esté prescrito.
Blanqueo de capitales
En el Caso Mascarillas se investigan presuntos delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales. Los hechos comenzaron con el seguimiento de la adjudicación a la empresa Azor Corporate Ibérica, S.L., administrada por un habitual de la Diputación de Almería, Kilian López Solé, de un contrato para la adquisición de mascarillas y material sanitario el 8 de abril de 2020, que fue adjudicado presuntamente a cambio de abonar por parte de éste una comisión a Oscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez, que entonces era Vicepresidente Tercero de la Diputación provincial de Almería. López Solé consiguió contratos por varios millones de euros, y amén del pago de la comisión presuntamente pactada, llevaba a cabo operaciones de blanqueo de capitales, operaciones que también realizó presuntamente Oscar Liria Sánchez, entonces vicepresidente, utilizando diversas empresas a través de las cuales simulaba la compraventa de vehículos a nombre de las mismas u otras operaciones.
Como imputados, además de los cabecillas ya detenidos en la primera etapa, están Fernando Giménez Giménez, también vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Juan Antonio Manrique Vargas, empresario, Francisco Jesús Liria Sánchez, Francisco Liria Valdez, Rodrigo Sánchez Simón (alcalde de Fines), Luis Manuel Álvarez García, Víctor Castro Contreras, Santiago Balleste Orpinel , Enrique Alonso Lorente, Ana Belén Martínez Sánchez, concejala en Huércal Overa, y Hortensia López Moreno.
En el caso de la presunta financiación por medio de una caja b del PP de Almería, alimentada de comisiones por obras públicas, están imputados Hispano Almería S.A., José Cara González (ex alcalde y parlamentario andaluz), Miguel Ángel Morales Carrillo, Antonio Morales Pérez, Francisco Manuel Osuna Cabrera, Isabel Parrón Sánchez, Alconsan, Gesponiente, Taller de Arquitectura Almería, Miguel Ángel Morales Duarte, Ángel Sánchez Molina, Amador Ruiz Luque, Eva María Navarro Fuentes, Francisco Guitérrez Baeza, Antonio José Navarro Martín, Ginés Guevara Cazorla, Guillermo García Suárez, Antonio Navarro Martín, Elvira Escolar Pérez, Javier Morales Salvador, Dolores Durán Pomares, María Isabel Fuentes Criado y Manuel Pérez Bonachera. María Carmen Crespo Díaz, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía fue citada en un primer momento en la misma providencia, pero por su condición de parlamentaria está aforada y sólo puede ser citada desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y toda vez se solicite el correspondiente suplicatorio a la cámara andaluza para salvar si situación de inmunidad temporal.
La mayor parte de los implicados en este caso son concejales en Roquetas o La Mojonera, altos funcionarios de estos consistorios y familiares directos de unos u otros, además de las empresas que recibieron los contratos investigados.
