jueves. 28.03.2024

Sólo faltan 10 días para la celebración del XIV Congreso Provincial del Partido Popular para el que hasta la fecha sólo se postulaba una lista encabeza por el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, pero la macroperación policial anticorrupción que ha llevado a la detención de Oscar Liria, que además de diputado de Fomento es también miembro del comité organizador del cónclave conservador, desdibuja el plan perfecto que debía llevar a Aureliano y los suyos a un relevo de Gabriel Amat sin sobresaltos.

La detención de Liria junto a otras 10 personas de las que aún no se conoce su identidad, no es tampoco un númerus clausus, sino que los propios investigadores no aseguran que no se puedan producir nuevos arrestos. Tanto la Policía española como los agentes de Europol desplazados hasta las distintas provincias en las que se llevan a cabo registros y detenciones, andan con pies de plomo antes de seguir tirando de la línea política de la trama de corrupción.

Esta situación ha generado una enorme intranquilidad entre los dirigentes de segunda fila del PP, que no ocultan su sorpresa ante la detención, como tampoco niegan que Liria no tenía capacidad de decisión para caminar solo en la senda de los contratos públicos. Unos firman y otros toman las decisiones, y más aún en contratos de importes tan significativos como 2.000.000 de euros. En este sentido, la declaración de Estado de Alarma y la posibilidad de realizar estos pedidos de emergencia sin la rigurosa tramitación administrativa impuesta por las directivas de la UE para los contratos públicos, ha sido la ventana por la que se han colado las tramas que han utilizado la pandemia para el enriquecimiento personal.

Quién manda en la Diputación

La Diputación Provincial de Almería está coordinada por tres ejes fundamentales que son Javier Aureliano García Molina, como presidente, Oscar Liria, responsable de obras públicas y por tanto gestor del mayor montante del presupuesto público (detenido por la Guardia Civil en la operación Lua) y Fernando Giménez, diputado de presidencia. Toda la comunicación de la institución gira mayoritariamente sobre estos tres perfiles y ellos son, además, los llamados a ocupar los principales puestos de responsabilidad en la transición generacional tras la salida de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, como presidente de la organización política en la provincia.

La incertidumbre que genera el devenir futuro de la operación policial abierta en la que la Guardia Civil española ya deja claro, de manera textual, que “las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el COVID-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público” obligan a reconsiderar las posiciones de cara al congreso del PP y no sólo en lo que respecta al detenido Oscar Liria, sino a la posible futura imputación de otros cargos de la misma Diputación Provincial. 

Por el momento, que quede confirmado, además del precinto del despacho del diputado de Fomento, natural de la localidad almeriense de Fines, comarcal del Mármol, fue registrado el despacho del secretario de la institución, Mariano Espín Quirante, funcionario de carrera que tiene la obligación de velar por la legalidad de los contratos firmados.

Ceses o dimisiones

Salvando la natural presunción de inocencia en el proceso penal que se abre con la operación policial, en paralelo ya sonaban voces que exigían el cese del diputado detenido, Oscar Liria y la dimisión del presidente de la Diputación y sus colaboradores más directos. Es por ello que la sombra de la corrupción sobe la Diputación Provincial de Almería, a menos de diez días del proceso congresual, puede llevar a enormes variaciones en los planes de transición en el Partido Popular.

El número dos de la lista oficial y única es Ramón Fernández Pacheco, alcalde de la capital y a quien se creía cabeza de la línea más cerca al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya que Aureliano y los suyos contaban con el respaldo de Pablo Casado y, más en concreto, de su número dos, el murciano Teodoro García Egea.

Por el momento, ni Sevilla ni Madrid se han pronunciado sobre el mayúsculo escándalo que sacude a la Diputación Provincial de Almería, ya que si ya son graves de por sí las acusaciones de presuntas mordidas en contratos públicos, mucho más reprobable es que éstas estén vinculadas con los fondos públicos que debían destinarse a combatir los efectos de la Covid19. Dinero público que debía emplearse en salvar vidas.

La operación anticorrupción en la Diputación Provincial de Almería revienta el XIV...