domingo 25/7/21

Ningún grupo político pide la dimisión del presidente de la Diputación pese al encarcelamiento de su número dos

Aureliano accedió a salir de su hermético silencio obligado por su partido y una vez que el aspirante a presidente del PP en Almería fuese informado de que Liría no saldría en libertad
Oscar Líria, el número dos facto en la Diputación de Almería ya está prisión
Oscar Líria, el número dos facto en la Diputación de Almería ya está prisión

Ningún grupo político de la oposición, PSOE, Ciudadanos o Vox, ha pedido la dimisión del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García Molina, pese a que al filo de la medianoche de ayer la magistrada del juzgado de instrucción 8 de Barcelona, decretase la prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de los detenidos en la operación Lúa, entre los cuales se encuentra el Vicepresidente 3º de la Diputación de Almería. Oscar Liria, el número dos de facto de Javier Aureliano García, su amigo, compañero de viaje en la mayor parte de los pueblos que visita dentro de la agenda oficial, está en la cárcel por su directa participación en una operación descubierta por Europol sobre delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública.

Después de tres días del registro por agentes de la Policía Judicial en las sedes de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García ha comparecido ante la corporación provincial en un pleno extraordinario convocado de urgencia la tarde de ayer. Aureliano accedió a salir de su hermético silencio obligado por su partido y una vez que el aspirante a presidente del PP en Almería fuese informado de que Liria no saldría en libertad, y que la fiscalía pediría su ingreso en prisión, sin posibilidad de eludirla con una fianza económica que estaba preparada fuese cual fuese su importe.

Sumisión de Cs y Vox

Cabía esperar que Ciudadanos y Vox no tuviesen el más mínimo interés en subir el tono de la comparecencia de Aureliano García, y así se demostró en unas intervenciones en las que casi llegaron a dibujar al presidente de la Diputación Provincial de Almería como la víctima de un mal amigo. El PSOE, algo más incisivo pero nada agresivo, se dejó en el camino la oportunidad única de exigir la dimisión del principal responsable de la institución y firmante de los acuerdos con la trama de empresas vinculada con los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública.

La esperada petición de dimisión que no ha llegado tiene su principal argumento en la responsabilidad por culpa in vigilando, que fuera aparte de las connotaciones judiciales, es de plena aplicación en cuanto a la responsabilidad política.

Sobre este tipo de responsabilidad, la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, en su sentencia de 1 junio 2010, reconoce que en estos casos de culpa in vigilando se comprenden todos aquellos supuestos en que la persona a quien se imputa la culpa "in vigilando" tiene o se reserva la dirección, control, intervención o vigilancia en la actividad desplegada por otro, o como señala la sentencia de 17 marzo 2009 -EDJ 2009/32140-, con cita de la de 30 diciembre 1992 -EDJ 1992/12922-, cuando existe "un nexo entre dos personas caracterizado por la existencia en una de ellas de facultades de impartir órdenes e instrucciones a la otra". Y lo que importa es si ello incide en el círculo de actividad en que se produjo el ilícito dañoso.

El ilícito dañoso que ha puesto a la sociedad almeriense contra el Partido Popular, no es su modo de gestión de la Diputación Provincial, o la vinculación con delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública del dirigente del PP en Almería, sino que el dinero público recibido para luchar contra los efectos de la Covid 19, dinero para salvar vidas, fuese usado para generar contratos en los que poder dar mordidas, cobro de comisiones como la que investiga la magistrada del juzgado de instrucción 8 de Barcelona.

Lo único que se ha sacado de este pleno es que habrá una comisión de investigación interna, un grupo de análisis cuyas conclusiones carecerán de valor jurídico alguno, y que algunas de las empresas implicadas consiguieron contratos hasta en otras 16 obras pagadas desde Diputación. Por ahora tampoco se conoce el nombre de todas las empresas vinculadas, por lo que este número y el importe global de las mismas es una de las grandes incógnitas que aún rodean la causa.

Ningún grupo político pide la dimisión del presidente de la Diputación pese al...
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