lunes 25/10/21

La Junta impulsa la "extinción definitiva" de 82 de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt)

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno



El Consejo de Gobierno andaluz ha encargado este martes a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que inicie el proceso para la disolución, liquidación y "extinción definitiva" de 82 de los antiguos consorcios de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, son consorcios que "en teoría estaban en extinción, pero que ahí estaban durmiendo y el Gobierno anterior" del PSOE-A "no impulsó su extinción definitiva", según ha apostillado.

El proceso de extinción, en concreto, se inició en el año 2010 con el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía y aún no había culminado en el caso de 82 de estas entidades.

Con la decisión adoptada este martes se pretende "dar por finalizado el proceso de extinción ante un plan de reordenación que debía aplicar una minoración del número de entidades instrumentales del sector público andaluz y la simplificación de su estructura", según ha informado la Junta.

El Gobierno andaluz considera que el proceso de extinción de las Utedlt, consorcios integrados por la Junta y las administraciones locales, "se ha dilatado excesivamente en el tiempo" y se ha realizado "de forma desorganizada, con graves carencias de planificación y gestión y con un desmesurado retraso".

Entre las "deficiencias detectadas" y que se insta a solventar, se encuentran "la inexistencia de acuerdos de disolución y liquidación de los consejos rectores o la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de su extinción final".

CONSORCIO GUADALQUIVIR

Por otro lado, el Consejo de Gobierno andaluz ha instado también al vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a instar la disolución del Consorcio Guadalquivir o, en su caso, ejercitar el derecho de separación de la Administración del Gobierno andaluz.

El Consejo de Gobierno ha facultado a la Consejería a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el acuerdo, y ha nombrado al consejero para que supla y represente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la totalidad de sus funciones en la presidencia del Consejo Rector para adoptar el acuerdo de disolución o separación.

Según ha recordado Bendodo, el 14 de octubre de 2009 se firmó el protocolo de colaboración para la constitución del consorcio denominado Guadalquivir entre la Administración de la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, la Asociación Red de Ciudades Río Guadalquivir, la Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores.

Los firmantes acordaron iniciar los trámites para la creación del consorcio, a fin de fomentar el desarrollo de actuaciones integrales vinculadas al río y basadas en el reforzamiento de la identidad del espacio, de acuerdo a valores tales como el patrimonio natural y paisajístico, el legado cultural y los criterios de ordenación territorial fijados por la Administración de la Junta de Andalucía.

La autorización para la creación del consorcio y la aprobación de sus estatutos tuvo lugar mediante acuerdo de 17 de mayo de 2011 del Consejo de Gobierno, pero, "transcurridos más de siete años desde su constitución, no se han realizado aportaciones de recursos por las instituciones y entidades consorciadas para gastos de primer establecimiento y puesta en funcionamiento y, en particular, las aportaciones anuales de la Administración de la Junta de Andalucía".

El Consejo Rector tampoco ha aprobado el Programa de Actuaciones, por lo que, en consecuencia, no ha iniciado sus actividades, según han remarcado desde la Junta.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula con carácter básico las causas y el procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio, los efectos de su ejercicio, así como la disolución del consorcio.

Los propios estatutos del Consorcio Guadalquivir establecen el procedimiento y las causas de disolución, entre las que se encuentran el incumplimiento de su finalidad y objetivos, el mutuo acuerdo de las entidades consorciadas o por imposibilidad de continuar su funcionamiento, según explica la Junta.


--EUROPA PRESS--

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