viernes. 29.03.2024

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes comenzar los trabajos para la modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía con la finalidad de eliminar los aforamientos de la persona titular de la Presidencia de la Junta, de las personas titulares de las distintas consejerías y de los diputados del Parlamento de Andalucía, de modo que iniciará una ronda de contactos con el resto de partidos para lograr recabar la mayoría necesaria para dicho fin.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que ha concretado que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que lidera el vicepresidente, Juan Marín, será la encargada de iniciar las actuaciones, así como de capitanear la referida ronda de contactos.

Bendodo ha explicado que dar este paso supone "avanzar" en el acuerdo de gobierno que alcanzaron el PP-A y Ciudadanos (Cs) en lo que a regeneración democrática respecta y que inician así un camino "largo y complejo" para suprimir los aforamientos de los que "históricamente han disfrutado políticos".

Tras explicar que el aforamiento era un privilegio justificado en otros tiempos en que las funciones de los aforados necesitaban mecanismos especiales de protección ahora "los tiempos han cambiado y la sociedad demanda más democracia y que todos seamos más iguales", por eso inicia la Junta el camino para reformar el Estatuto y eliminar la referida figura, para lo que se requiere un respaldo de dos tercios de la Cámara, que confían conseguir siendo este "un interés compartido por todos".

"Somos conscientes de que la mayoría de los grupos parlamentarios, meses atrás, manifestaron su voluntad de que esto se produjera así", ha abundado Bendodo, que ha avanzado que Marín iniciará una ronda con el resto de formaciones políticas al objeto de "conseguir el mayor consenso posible para suprimir los aforamientos".

El aforamiento es una figura recogida en el Estatuto que establece un régimen particular para el enjuiciamiento de la responsabilidad penal de los diputados, así como para el enjuiciamiento de la responsabilidad penal y civil en el caso de la Presidencia y las personas responsables de las diferentes consejerías. En estos casos, no son los juzgados ordinarios los encargados de investigar y enjuiciar los posibles delitos, sino el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o el Tribunal Supremo, si los hechos fueran cometidos fuera del territorio andaluz.

El Gobierno andaluz considera necesario plantearse el fundamento de esta figura como prerrogativa parlamentaria, justificada hasta ahora en que las elevadas funciones de las personas aforadas exigen mecanismos específicos de protección frente a posibles represalias políticas. Pese a esta base garantista, el Consejo de Gobierno considera que la regeneración democrática de las instituciones "debe someterse a las exigencias de los tiempos y a las nuevas demandas democráticas de la ciudadanía". Además, la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos es una de las medidas pactadas por el nuevo Gobierno andaluz.

Por todo ello, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local da comienzo a los trámites para que las personas aforadas, que si bien deben seguir siendo protegidas en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, sean juzgadas por la jurisdicción ordinaria en aquellos asuntos ajenos a su función parlamentaria y que les implique de forma directa en cualquier procedimiento judicial de cualquier ámbito jurisdiccional.


--EUROPA PRESS--

Junta iniciará ronda con los grupos parlamentarios para reformar el Estatuto y suprimir...