La titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Barcelona ha estimado la mordida en Diputación de Almería entre 200.000 y 400.000 euros en el contrato investigado por la UCO en el marco de la Operación Lúa. La magnitud de la operación, que se vio entrelazada con las otras actividades delictivas investigadas por cauces de cooperación policial internacional, ha llevado a tomar la decisión de abrir dos causas distintas, una por tráfico de drogas y otra por delito contra la Administración Pública y blanqueo de capitales contra la rama almeriense de la operación.
Según el auto dictado en Barcelona “las actuaciones fueron incoadas tras la recepción de un oficio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que se denunciaba que a través de los cauces de la cooperación policial internacional recibieron información sobre una posible organización criminal dedicada al narcotráfico en Europa, tráfico de armas, extorsión y blanqueo de capitales, que quería introducir la droga adquirida en España a través de la mercantil ANDGAR. De forma paralela, uno de los miembros de esta organización, Kilian López Solé, con residencia en la provincia de Barcelona, había recibido la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario en época de Covid-19 por importe de dos millones de euros, contrato que le adjudicó la Diputación Provincial de Almería a cambio de una comisión”. La jueza señalada que la comisión entregada al vicepresidente de la institución, Óscar Liria, se sitúa en “un importe de entre doscientos y cuatrocientos mil euros, realizándose diligencias de investigación que permitieron identificar tanto a la empresa ANDGAR como el contrato adjudicado a Kilian López Solé y el presunto pago de la comisión mencionada”.
En los razonamientos jurídicos, la jueza señala que “el resultado de las numerosas diligencias de investigación que se han practicado en esta causa hasta el momento, que han culminado con diligencias de entrada y registro practicadas en los domicilios y sedes de los investigados, puede establecerse que existen indicios de dos delitos diferenciados: por un lado, de un delito contra la salud pública, consistente en el cultivo y tráfico de marihuana, junto a un presunto delito de tenencia ilícita de armas y un delito de blanqueo de capitales derivados del delito contra la salud pública. Y por otro, de la existencia de indicios de delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales, delitos que además son imputables a dos grupos de investigados diferenciados”.
Esta diferenciación de causas se basa en que de las diligencias practicadas hasta el momento no se han obtenido indicios de la participación directa de Kilian López Solé en el delito de cultivo y tráfico de marihuana que sí se imputa a Karim Azghir Bravo y al resto de investigados a los que se ha imputado el delito contra la salud pública y el delito de blanqueo de capitales derivado del mismo. Poe ello concluye que “se trata de dos grupos de delitos que no guardan conexión entre sí, motivo por el que es procedente continuar la investigación por separado de tales hechos y delitos”, concluye la jueza que libra las órdenes pertinentes para que se comunique a las partes y se continúen con las investigaciones pertinentes.
Al separarse la instrucción en dos causas distintas queda por resolver qué juzgado será el competente para investigar la trama de mordidas en la Diputación Provincial de Almería.
