Mientras el exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería e íntimo amigo de Javier Aureliano García Molina, presidente de la institución, pasa sus primeros días en prisión, la Policía Judicial investiga los sobres con dinero B, el montante de efectivo que repartido en paquetes de entre 6.000 y 10.000 euros, el alto cargo del PP de Almería tenía preparados para un presumible reparto a otros posibles colegas del caso de las “mordidas Covid”.
La parte de la investigación que conformará el sumario de la causa comienza ahora, y no se ciñe únicamente a los hechos que la Policía Judicial daba por probados entre escuchas, seguimientos e indicios que en su conjunto justificaron la intervención autorizada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Barcelona en varias provincias. Tenían que actuar antes de que desapareciese el dinero y no fuese rastreable, y hacerlo antes de que los implicados sospechasen que estaban bajo el foco policial y decidiesen hacer desaparecer las pruebas.
Uno de los primeros hilos de los que se tira es la implicación de personas que si bien podrían no haber participado de manera directa en las conversaciones, sí que habrían facilitado la formalización de contratos, procesos de selección viciados para manipular la tramitación administrativa de transacciones públicas y, en definitiva, desenmascarar a los colaboradores necesarios de Oscar Liria o ante quienes éste debía responder.
La disposición del efectivo, en sobres con cantidades exactas y en una especie de distribución jerárquica, hacen sospechar que estaba preparando el reparto de esta mordida en concreto por la que habría obtenido 150.000 euros de dinero negro. El montante total supone el 7,5% de dos millones de euros, que es la referencia que se tiene sobre el caso concreto de la compra de material para la lucha contra la Covid19 en las primeras fases de la pandemia.
Preocupación en el PP
Mientras que la investigación avanza desde Barcelona, sin posibilidad alguna de intervención de amistades en Almería cercanas al mundo judicial, el PP provincial trata de dar la impresión de que el asunto está zanjado con la detención y encarcelamiento de Oscar Liria. El íntimo amigo del presidente de la Diputación Provincial y aspirante a presidir el PP, Javier Aureliano García, trata de situar el foco en una manzana podrida a la que ya se da totalmente por amortizada, y evitar que el asunto siga ocupando portadas en medios de comunicación.
Al margen de esos intentos por parte del PP de Almería, tanto Sevilla como Madrid siguen con preocupación el desenlace del caso de “las mordidas Covid” en la Diputación de Almería. En las próximas semanas serán llamados a declarar técnicos de la institución provincial, altos funcionarios de la misma y lo que más les afecta a ellos como partido, cargos de la Institución. Entre esos señalados está el propio presidente, Javier Aureliano García, que no tiene forma alguna de marcar distancia con Liria, al igual que Fernando Giménez, diputado de presidencia, ya que entre los tres sujetos acaparaban la mayor parte de poder ejecutivo y decisorio del gobierno provincial. El hecho es, y así queda reflejado en la comunicación habitual de la entidad pública, que los tres eran, además, las cabezas visibles de la sucesión de Gabriel Amat, el acalde de Roquetas de Mar que esta misma semana debía abandonar la dirección orgánica del partido en Almería.
A falta de conocer cuándo y donde declararán los llamados por la titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Barcelona, queda por despejar la incógnita más importante en este momento, que es precisamente saber quiénes de ellos salen del juzgado y si lo hacen como imputados.