martes 3/8/21
#mordidasCovid en la Diputación de Almería

La Guardia Civil desmonta la teoría de Gabriel Amat de la manzana podrida

La red de empresas a las que se vinculan los administradores de Pulconal y Azor dibujan toda una “cocina” para acceder a contratos públicos.
Oscar Liria y Gabriel Amat, acompañados de Miguel Ángel Castellón, en una feria de promoción
Oscar Liria y Gabriel Amat, acompañados de Miguel Ángel Castellón, en una feria de promoción

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha tirado por tierra el intento de Gabriel Amat, actual presidente del Partido Popular, de situar el caso de corrupción en la Diputación Provincial como el de una única manzana podrida, el ex vicepresidente Oscar Liria, y un único caso, el de compra de material Covid por procedimiento de urgencia. Amat intentó salvar los muebles de sus pupilos concediendo una entrevista a un único medio de comunicación local con ese argumento, tratando de calmar las aguas, pero los nuevos registros de la UCO lo echan por tierra. Los investigadores de las distintas vías del caso empiezan a vincular empresas especializadas en obras y servicios durante las investigaciones, un complejo organigrama que dibuja toda una “cocina” para acceder a contratos públicos que nada tiene que envidiar a la operación “Kitchen”- cocina en inglés- que ya mantiene en jaque al PP de Madrid

Los hechos, las investigaciones, los sobres con dinero perfectamente repartido en cantidades jerárquicas y las relaciones societarias que empiezan a desliar la madeja que conforma el entramado de empresas vinculadas con la presunta red de mordidas en los contratos públicos de la Diputación Provincial, señalan hacia dos ejes principales. La primera es Azor Corporate, cuyo administrador es Kilian López Solé. Éste, a su vez figura como administrador en Pulconal S.L., una empresa de las denominadas fantasmas porque no tiene actividad visible y sus locales son simplemente cocheras vacías. En esta sociedad López sustituye a otro administrador que, de manera paralela, figura en una extensísima red de empresas entre las que figuran las principales contratistas de obra pública en Almería, Roquetas de Mar y obviamente Fines.

Entre las empresas que aparecen en la nueva variable que ya se investiga desde Barcelona están, además, las constructoras o proyectistas que han sustituido en las contrataciones de obras a la ya desaparecida Hispano Almería, que fue objeto de otra amplísima investigación en la que los informes de la Guardia Civil llegaron a señalar importantes irregularidades, pero que una vez llegaron a los juzgados de Almería fueron archivados uno a uno. Y así ha sucedido en estos últimos años en decenas de causas en las que se vinculaba a Gabriel Amat, entonces alcalde de Roquetas y presidente de la Diputación Provincial de Almería durante una década, unos papeles al estilo “Bárcenas” en los que aparecían cantidades entregadas en “B”, supuestamente para financiar las campañas de su partido. El autor de los apuntes contables se suicidó.

Amat fue precisamente quien aupó a Oscar Liria, el político del PP de Almería ahora en prisión, hasta el área de Fomento, sustituyendo en estas labores al ahora diputado nacional Miguel Ángel Castellón. Castellón es el presidente del Comité Organizador del Congreso Provincial del Partido Popular que este fin de semana debe celebrarse en el hotel PlayaDulce. Los “niños de Gabriel Amat”, siempre han estado bajo la dirección de Javier Aureliano García Molina, su eterno vicepresidente y ahora presidente de la institución pública bajo la lupa policial y aspirante en el congreso a presidir el PP en Almería. Junto a ellos Fernando Giménez, actual diputado de presidencia y entonces asesor directo de Gabriel Amat, que ocupaba un puesto de libre designación como Jefe de Gabinete. Paradójico o no, Giménez, que junto a Javier Aureliano García y Oscar Liria representaban hasta hace una semana el máximo poder de la Diputación de Almería, es licenciado en derecho, y según su currículum “Experto Universitario en Cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y responsabilidad de las personas jurídicas”.

Sin prisas

Mientras en el PP de Almería hacen sus cálculos sobre las posibles repercusiones de la causa abierta desde Barcelona por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública que, por ahora, ya mantiene en prisión al ex vicepresidente Oscar Liria, la investigación permanece totalmente ajena al devenir de las posibles consecuencias que pueda tener en el espectro político almeriense.

Nadie descarta que buena parte de la cúpula de Diputación Provincial va a pasar por el despacho de la jueza del Número 8 de Barcelona, pero tampoco nadie puede asegurar que ninguno de ellos salga de allí sin ninguna imputación o sin medidas cautelares.

Para los investigadores es, de hecho, una complicación que en una causa que principalmente tenía que ver con el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, se encuentren serios indicios de que ese blanqueo del dinero de la droga pudiese estar relacionado con contratos públicos de la Diputación Provincial de Almería.

Si la causa siguiese adquiriendo complejidad en este sentido, podría llevar a la apertura de una pieza separada y con ello desligar una investigación de la otra.

Por una parte esta operación podría beneficiar al PP si en tal posible instrucción tomasen peso específico los juzgados de Almería, de los que hasta ahora han salido indemnes, pero si el vínculo con el blanqueo resulta evidente, nada saldrá de Barcelona y allí ese mismo peso específico de la institución política es nulo.

La Guardia Civil desmonta la teoría de Gabriel Amat de la manzana podrida
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