ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha avanzado que la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno de España va a suponer en 2023 el desembolso adicional en la provincia de Almería de 120 millones de euros, con respecto a la cantidad destinada en 2022. Con este importe se satisfarán las subidas del 8,5% aprobada para las pensiones contributivas y del 15% para las no contributivas, “unos porcentajes históricos” con los que el Gobierno está asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo de los casi 118.000 pensionistas de la provincia de Almería.
Martín ha detallado que el importe total que el Gobierno de España destinará al conjunto del sistema de pensiones en la provincia de Almería durante este ejercicio rondará los 1.500 millones de euros, una cifra que supone el 10% del PIB provincial. De esos 1.500 millones, en torno a 550 corresponden a los pensionistas de la capital almeriense.
“En momentos como éste, con una elevada inflación y gran incertidumbre internacional, es cuando tiene más sentido, si cabe, que los pensionistas, que no tienen capacidad de reacción en estas situaciones, vean garantizado su poder adquisitivo”, ha valorado. La revalorización se aplicará a las 111.000 pensiones contributivas y las 6.589 no contributivas que se perciben actualmente en la provincia de Almería.
“Con la fórmula que se aplicaba con el anterior Gobierno, la subida que se les habría aplicado habría sido de un exiguo 0,25%, lo que, en este contexto, habría supuesto una fuerte pérdida del poder adquisitivo para los pensionistas”, ha detallado. A modo de ejemplo, Martín ha apuntado que las 66.966 personas que, en la provincia de Almería recibían una pensión de jubilación a 1 de diciembre de 2022, con una media de 1.025,06 euros, habrían percibido un aumento de 2,56 euros mensuales con la fórmula anterior –apenas 36 euros al año–, “mientras que la subida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez supone un aumento mensual de 87,13 euros al mes o, lo que es lo mismo, 1.219,82 euros más al año”.
Martín ha trasladado un mensaje de confianza a todas las personas que están recibiendo hoy una pensión, ya que “sean cuales sean las circunstancias, con este gobierno tienen la certeza de que su poder adquisitivo está asegurado”, gracias a la Ley 21/2021, que establece que el 1 de enero de cada año la pensión subirá exactamente lo mismo que haya aumentado el IPC durante el año anterior.
Defensa de la revalorización
El subdelegado ha asegurado que, en los últimos meses, el Gobierno de España “ha recibido muchas presiones para no revalorizar las pensiones conforme a la inflación, o para revalorizar algunas por debajo del crecimiento de los precios”. “Basta repasar las hemerotecas para comprobar dónde han estado unos y dónde hemos estado otros”, ha indicado, antes de defender que “el Gobierno de España entiende que la garantía del poder adquisitivo es una parte intrínseca al derecho a una pensión pública y por lo tanto, pese a esas presiones, tenemos un compromiso inquebrantable con los que merecen una protección acorde con el esfuerzo que han realizado durante su vida laboral”.
Martín también ha resaltado que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es compatible con el fortalecimiento de las cuentas del Sistema Público de Pensiones, ya que las medidas de protección y mejora de la calidad del empleo, impulsadas por normas como la reforma laboral, están mejorando los ingresos del sistema. En este sentido, ha revelado que, en el año 2023, está previsto un ingreso récord por cotizaciones sociales, que llegarán a suponer más de 152.000 millones de euros, lo que supone el 10,9% del PIB.
