Joaquín Jiménez
ALMERÍA.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joaquín Jiménez, ha expresado hoy su preocupación por el silencio del Alcalde ante el próximo vencimiento del plazo legal que tiene el Ayuntamiento para ejecutar la sentencia que le obliga a pagar 7 millones a la anterior empresa concesionaria del servicio de cementerios.
“El auto del Juez de lo Contencioso de Almería ya puso punto final al pleito dando la razón a la empresa, hoy en manos de administradores concursales”, recuerda. “Se abrió entonces un plazo de tres meses que está a punto de terminar y no sabemos si se ha hecho efectivo el pago, si hay algún tipo de acuerdo entre las partes o si, simplemente, el alcalde piensa dejar que lo pague la siguiente corporación”. El PP rechazó en mayo la creación de una comisión investigadora para determinar por qué se produjo silencio administrativo ante una reclamación de la empresa. Dicho silencio dio lugar a una demanda judicial que ganó y por la que hay que pagar más de 7 millones de euros en compensación.
El equipo de gobierno del PP no ha dado información sobre este asunto, por lo que el Grupo Socialista presentará una moción en el pleno ordinario de Junio para conocer el desenlace del proceso; cuánto se ha pagado hasta la fecha y cómo se va a hacer frente a una suma tan importante de dinero público. Joaquín Jiménez advierte que “un error no se arregla con otro”, en alusión al cumplimento de la sentencia. Y el alcalde, añade el portavoz socialista, “sigue instalado en el silencio y en la callada por respuesta”.
Antecedentes
Una sentencia de 2008 era favorable a la empresa, sin entrar en el fondo del asunto, y entendía que el silencio municipal suponía el reconocimiento de los hechos y le condenaba a pagar. El TSJA confirma la sentencia, que había sido recurrida. En diciembre de 2013, la Junta de Gobierno local decide comenzar la revisión de oficio del expediente administrativo. La empresa lo recurre. El auto de marzo pasado anula dicho acuerdo de la JGL y confirma las sentencias anteriores. El auto marcaba un plazo de tres meses al Ayuntamiento, que vence ya, para efectuar el pago de las cantidades reclamadas.
