Primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves admitir a trámite una proposición legislativa impulsada por una treintena de ayuntamientos de la comunidad autónoma que perseguía combatir la pobreza energética y que se garanticen los suministros básicos a los andaluces.
La iniciativa, que contaba con el criterio contrario del Consejo de Gobierno por considerar que "excede el ámbito competencial regional", ha contado con el voto en contra del PP-A, de Ciudadanos (Cs) y Vox, y a favor del PSOE-A y de Adelante Andalucía.
En concreto, impulsaban la propuesta el ayuntamiento almeriense de Vera, los gaditanos de El Bosque, Paterna de Rivera, Villamartín, Barbate, Conil de la Frontera, Algar y Tarifa; los cordobeses de Priego de Córdoba, Castro del Río, Aguilar de la Frontera; los granadinos de Motril y Almuñécar; los onubenses de Isla Cristina y Ayamonte; los malagueños de Vélez-Málaga, Ronda, Montecorto y Frigiliana; los jiennenses de Andújar y Martos, o los sevillanos de Coria del Río, Isla Mayor, Mairena del Alcor, Constantina, Écija, Pruna, La Campana, Estepa y Palomares del Río.
En defensa de la iniciativa, Mónica Bascón Gómez, representante de la comisión promotora de la iniciativa, ha explicado que la misma ha llegado al Pleno después de que haya sido aprobada por mayoría absoluta en los ayuntamientos que la respaldan, así como que decidieron trasladarla a la Cámara autonómica tras conocer que en el Parlamento de Aragón "todas las fuerzas se pusieron de acuerdo para que ningún aragonés pudiese ser privado de los suministros básicos por ley".
"Si en Aragón o en Galicia se pusieron de acuerdo en un asunto de tanta relevancia, ¿por qué no en Andalucía?", se ha preguntado antes de explicar que la propuesta persigue garantizar los suministros básicos. "Se trata de la dignidad de los andaluces", ha remachado antes de interpelar a los diputados para que cambien la realidad "de personas que no conocen más que el ahora porque quizás mañana sea tarde para ellos".
Bascón ha advertido que rechazar la iniciativa "es votar sí a la desigualdad y a la falta de futuro de los andaluces" pues, a su juicio, "nada puede justificar decir que no a los miles de andaluces que subsisten asediados por las deudas" y porque "por encima de los partidos está la honestidad de ayudar a las personas".
Con todo, ha sostenido que "Andalucía merece el consenso de sus representantes y que le den soluciones a sus problemas", así como que una Andalucía del siglo XXI "tiene que tener garantizados los suministros básicos de su pueblo".
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
Para posicionar al PSOE-A, Sonia Gaya, que ha puesto valor el compromiso de los ayuntamientos con la sociedad civil en los últimos 40 años de municipalismo y que se "han adelantado" en buscar soluciones a sus vecinos en este sentido, ha señalado que la crisis económica "ha aumentado la brecha de desigualdad y las familias en extrema vulnerabilidad".
De este modo, ha señalado que la iniciativa "parte de la impotencia que genera conocer de primera mano el drama y no poder solucionar estas situaciones" y cree que brinda oportunidades para "impulsar la capacidad democrática de los ciudadanos y para tomarla como punto de partida para trabajar en una estrategia contra la pobreza energética que vaya más allá de lo regulado con carácter básico, para dar herramientas a los ayuntamientos".
En nombre del PP-A, Ana Vanesa García ha lamentado que Andalucía, en este marco, "siempre está por encima de la media y las medidas que puso en marcha el anterior Gobierno del PSOE-A, no sirvieron para nada, fueron de improvisación y de publicidad".
No obstante, ha considerado que la iniciativa legislativa a debate "adolece de extemporaneidad" porque "desde que lo aprobaron los ayuntamientos proponentes al día de hoy se ha legislado a nivel nacional" sobre este asunto.
La diputada de Cs Isabel Albás ha justificado la negativa de su a esta iniciativa en que existe una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre que se invaden competencias, por lo que votar a favor de una propuesta que presumiblemente sería inconstitucional supondría "perder el tiempo y dar esperanzas falsas". Por ello, ha considerado que hay que trabajar a nivel nacional para dar ayudas a estas familias.
En su opinión, la pobreza energética hay que analizarla "de una forma humana" y pensado en las familias que no pueden pagar la luz o el agua. Ha asegurado que las políticas de los gobiernos anteriores en Andalucía han llevado a que el número de familias en exclusión social sea elevado y superior a la media nacional, por lo que hay que impulsar "unas políticas activas de empleo en condiciones" de cara a que estas familias puedan pagar los servicios básicos.
En nombre de Adelante, su diputada María Vanessa García ha denunciado el "drama" que se esconde detrás la pobreza energética que lleva a muchas familias a elegir entre comer o pasar frío y a tener "miedo" a encender la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano por la factura que les puede llegar. Por ello, ha considerado necesario encontrar soluciones legislativas para erradicar esta cuestión y defender a la mayoría social "frente al acoso, el abuso y el expolio" por parte de las compañías de electricidad.
Por parte de Vox, el presidente del grupo, Francisco Serrano, ha mostrado su solidaridad, apoyo y comprensión a estos 30 ayuntamientos, "independientemente de que sean de izquierda o derecha", y ha defendido la necesidad de proteger a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, según ha indicado, "hace falta individualizar porque lo del café para todos no puede ser".
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Entre las medidas que figuran en la citada iniciativa legislativa se encuentra que el Gobierno andaluz elaborará un plan de medidas de eficiencia energética en el que se priorizarán las actuaciones en hogares en situación de vulnerabilidad energética. Estas medidas estarán destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, el ahorro energético que permitirá reducir el consumo y, por lo tanto, el coste de la factura de electricidad, agua y gas en los hogares en situación de vulnerabilidad.
El plan se instrumentará de manera que facilite a estos hogares la realización de auditorías energéticas y la posterior implementación de las medidas propuestas más rentables. Incluirá también acciones dirigidas a estudiar las posibilidades de reducir la potencia contratada de los hogares y se estudiará si concurre alguno de los presupuestos habilitantes para solicitar el bono social, en caso de que el consumidor vulnerable no se estuviera beneficiando de dicha tarifa reducida.
Este plan tendrá una duración de tres años y para su elaboración se creará un comité de seguimiento, que trabajará con las entidades locales y sus servicios sociales, así como con los agentes sociales involucrados en la protección de los derechos de los consumidores y las empresas de suministro energético a la hora de definir su alcance, diseñar sus objetivos y establecer una serie de indicadores que permitan evaluar los resultados de su implementación y arrojar datos sobre la reducción de la pobreza energética en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los hogares en situación de vulnerabilidad en esta materia tendrán prioridad en el acceso a las medidas de microeficiencia energética, con una financiación pública de sus intervenciones que supondrá entre el 25% y el 100% de su coste en función de la situación de vulnerabilidad. Como acción previa y necesaria a la elaboración de este plan, se realizará un proyecto piloto que permita profundizar en el conocimiento de las diferentes tipologías de las viviendas en cuanto a las características de sus cerramientos y de los equipos consumidores de energía, así como de los propios hábitos de consumo de las familias.
--EUROPA PRESS--
