Javier Aureliano García Molina está escondido, con la agenda suspendida e intentando retrasar con todo tipo de excusas una comparecencia pública inevitable. Lo juega todo a una única carta, que su inseparable compañero de viajes y amigo personal Oscar Liria, el vicepresidente de la institución detenido en la operación Lúa, quede en libertad o pueda salir bajo fianza tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Barcelona. El PP de Almería está totalmente desprotegido al recaer en un juzgado sobre el que no tienen ninguna influencia todas las actuaciones de una operación que pone en tela de juicio no sólo un contrato de mascarillas por dos millones de euros, sino todos los contratos de obras y servicios que han sido adjudicados a las empresas vinculadas por la trama. Son muchas, extraordinariamente conocidas y nadie sabe aún, hasta dónde van a llegar las salpicaduras.
La clave que puede hacer saltar todo por los aires es la relación de los cabecillas de la red desmontada por la EUROPOL con las sociedades compartidas con actuales consejeros o administradores de empresas que ejecutan buena parte de las obras públicas de la Diputación o el Ayuntamiento de Almería.
Tanto el Partido Popular desde Sevilla, como los alcaldes de la provincia, piden una comparecencia urgente que sirva para amainar el temporal que se cierne sobre el P.P. de Almería. El congreso ya se da por perdido, y desde la dirección regional no se explican la falta de implicación de la dirección nacional, más aún cuando el número dos de la formación, Teodoro García Egea, debería ser uno los principales interesados en que la trama murciana de esta operación se aleje cuanto antes de su perfil personal.
Fuentes del propio partido aseguran que se intenta contener toda la crisis en Almería generando una especie de cordón sanitario alrededor de la provincia, y no descartan la suspensión de militancia de Oscar Liria y de todos aquellos que puedan ser imputados en la causa. La operación Lúa, las mordidas relacionadas con dinero que debía destinarse a acciones Covid, no pueden enturbiar aún más la imagen de un partido que vive acorralado por las filtraciones y declaraciones en otro caso, este de ámbito nacional, como el Kitchen, que no es mas que otro derivado de la trama Gurtel.
Amat aún presidente
El plan B pasa porque sea Gabriel Amat, aún presidente del PP, quien tome las riendas de la crisis ya que goza entre los medios de comunicación escritos de una enorme influencia. De hecho la prensa local pasa de puntillas sobre la operación Lúa y hasta 24 horas después de los registros en la Diputación Provincial o la detención de Oscar Liria, ni tan siquiera se reconocía la puesta a disposición judicial ni la gravedad de la situación. No en vano, la millonaria inversión publicitaria de la institución provincial ha sido el sustento de medios de comunicación que caen en picado en cuanto a audiencia.
El peor de los escenarios, que ya se contempla en el caso de que la jueza de la operación Lúa impute al propio Javier Aureliano García Molina, que es quien firmaba los contratos y mantenía una estrechísima relación con Oscar Liria, o a otros como Fernando Giménez, diputado de presidencia, sería la designación de una gestora que se ocupe de hacer limpieza generando una nueva dirección provincial ajena al conocido como “lobby de los niños”
Jóvenes y ambiciosos
Es precisamente en este momento cuando las voces internas de un partido que siempre se ha caracterizado por su silencio, empiezan a exigir cambios totalmente radicales. Todos los males se achacan al grupo conocido como “los niños”, jóvenes dirigentes del PP que entraron en la vida política como asesores y de ahí ascendieron a concejales o diputados provinciales hasta llegar a lo más alto de la política local.
Muchos de ellos han terminado sus carreras o grados universitarios ya en la política o incluso han adquirido títulos en universidades de otras provincias cursando los estudios por internet. Sueldos de más 70.000 euros al año y un ritmo de vida que no han tenido miedo a exteriorizar, mostrándose como una clase social distinta, sobrada económicamente y entrenada en el oficio de amasar influencias.
Esa generación es la que, precisamente ahora, estaba llamada a cubrir el máximo de sus aspiraciones, que era hacerse con dirección provincial del Partido Popular en Almería. Oscar Liria, un político de treinta y pocos años natural de Fines al que hace unos años se venía haciendo ruta de senderismo con Mariano Rajoy en la provincia de Almería, es hoy uno de los detenidos que declara ante juez de Barcelona por presuntas mordidas a dinero público destinado a salvar vidas, a la compra de material de protección contra la Covid19.