Desde las siete de la mañana de hoy agentes de la Policía Judicial pertenecientes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han llevado a cabo el registro de distintas dependencias de la Diputación Provincial de Almería, entre las que se encuentran el área de obras públicas o el despacho del secretario general de la institución. Por el momento ha sido confirmada desde varios medios comunicación nacionales la detención del vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Oscar Liria, junto a otras once personas en el trascurso de una operación que tiene como objeto una trama de corrupción sobre contratos públicos.
Liria, junto a Javier Aureliano García, presidente y Fernando Giménez, diputado de presidencia, componen el núcleo duro de la institución, que ya fueron en su día el círculo de confianza del presidente del PP en Almería Gabriel Amat.
Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el COVID-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas de un narcotraficante, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público de la diputación de Almería.
Así, la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas.
La operación anticorrupción se desarrolla bajo la dirección de un juzgado de Barcelona y se extiende a Murcia, Palma de Mallorca o Girona, y mientras desde la Diputación Provincial sólo se argumenta que se trata de contratos relacionados con la compra de mascarillas, el fondo la investigación parece estar en contratos de obras dentro de una trama que afecta a varias provincias, pero su magnitud mantiene las actuaciones bajo más estricto secreto ya que tiene estrechas vinculaciones con las mafias del narcotráfico y las empresas creadas por estas para el blanqueo de capitales.
La dirección y coordinación de la operación recae sobre del Juzgado de Innsstrucción nº 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y con el apoyo de EUROPOL. Por el momento se confirma que se llevarán a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación.
Debido al amplio despliegue requerido para la operación policial, bautizada como operación LÚA, los agentes de la UCO responsables de la investigación policial están siendo apoyados por efectivos de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Agrupación de Reserva y Seguridad, y de Policía Judicial, pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil afectadas.
Asimismo se cuenta con la colaboración del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros de EUROPOL, que ha desplazado una oficina móvil y medios técnicos para prestar su apoyo durante el trascurso de las actuaciones.
