TELEPRENSA/EUROPAPRESS.- Javier Aureliano García Molina, secretario general del Partido Popular de Almería y actual responsable del Patronato de Turismo tendrá que contestar el próximo 8 de enero a jueces, fiscal y abogados en la sala en la que se juzga el Caso facturas. Entre la muchas incógnitas que rodean al caso está el motivo de la denuncia, cuando uno de los acusados declaró ante la Policía que el mismo Aurealiano conocía el proceder de esta facturación. Aurealino denunció los hechos pero podría no haber puesto fin a esas prácticas, como declaró Joaquín Conde, de hecho la administración de la que es vicepresidente está invetigada por obras que se llevaron a cabo cuando ni tan siquiera habían firmado contratos con los constructores, como en el caso Olula.
En la última sesión de la semana el presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, ha indicado este viernes ante el tribunal que enjuicia el caso 'Facturas' por un presunto saqueo del Patronato Provincial de Turismo de Almería bajo mandato de PSOE que el exvicepresidente de la institución supramunicipal, el también acusado Luis Pérez, dijo en una reunión a tres bandas que iba a "tratar de agilizar una solución" a la deuda que el club mantenía con la agencia de viajes Leitour "a través del compromiso adquirido para subvenciones y patrocinios" si bien ha señalado que este "fue verbal". E
"Dijo: vamos a ver si nosotros podemos estudiar cómo solucionarlo y a posteriori nos llamaron para que tramitáramos una subvención", ha dicho Sedeño, quien, no obstante, ha afirmado que la citada subvención sirvió luego "para pagar las tasas" del pabellón en el que disputa sus partidos como local el equipo y que la Diputación Provincial "no nos dio dinero para el pago de esa deuda".
Sedeño, quien se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta por aceptar presuntamente que el pago de esa deuda de 25.000 euros se hiciese a la agencia de viajes, no ha llegado a explicar a preguntas del Ministerio Público "cómo el Patronato de Turismo pagó eso por ustedes sin subvención ni patrocinio". "Fue un contrato verbal", ha trasladado.
Tampoco ha explicado porque del libro mayor de contabilidad del club se hizo desaparecer del debe la citada deuda con la agencia de viajes Leitour y ha alegado que los clubes deportivos "llevan una contabilidad más liviana que las empresas".
"Yo pensaba que Diputación lo había arreglado", ha dicho para, a continuación, ser interpelado de nuevo por el fiscal: "¿Y cómo pensaba que se había arreglado y de qué otra forma iba a dar dinero la administración si no hay firma en un papel?". "No lo sé", ha apuntado Sedeño, quien ha reconocido que "no han pagado ni devuelto el dinero al Patronato". Su declaración va a continuar el lunes con el interrogatorio de la acusación particular ejercida por la Diputación Provincial y de las defensas.
Con anterioridad y a primera hora de la cuarta sesión del juicio, el administradores de Leitour Viajes Francisco Javier Guerrero, ha terminado de contestar a las defensas que le han interpelado, las de los principales acusados. Estas se han centrado en intentar desacreditar sus contundentes declaraciones del jueves, por un lado insinuando que los expedientes que se encontró en el registro policial de la empresa y que ha servido de base para "acreditar" la existencia de 107 facturas falsas a cargo del Patronato fue hecha con posterioridad a que tuvieran conocimiento del inicio del procedimiento penal.
Por otro lado, han apuntado que Leitour podría haber estado haciendo "una doble facturación" para beneficio de él y de su socio, a lo que ha respondido que "en absoluto, nunca nos quedamos con nada" si bien no ha podido explicar el destino de 55.000 euros de los más de 321.000 euros de procedencia presuntamente fraudulenta.
"PACTO"
"El pacto --ha remarcado-- era que por lo menos nosotros teníamos que percibir el IVA". Ha negado también que los "estadillos" que demostrarían con firmas del encausado la entrega en efectivo de más de 179.000 euros de esa facturación ficticia al administrador de Publifiestas Conde se hicieran "ad hoc" para eximir su responsabilidad.
A preguntas del fiscal ha señalado que él y su socio han "devuelto" 140.000 euros, la mitad, de lo que se le pide en concepto de responsabilidad civil, lo que "es mucho más de lo que hemos ganado con esto" y en el interrogatorio de su defensa ha reconocido que, si bien la propuesta que, según asegura, le hicieron la exsecretaria del Patronato Teresa González y Joaquín Conde "le pareció extraña pero no ilegal". "Consultamos con nuestro gestor, que es abogado pero no debe saber mucho de penal, y nos dijo que pagando IVA no era ilegal aunque sí anormal", ha apuntillado.
Por su parte, su socio, Arístides Martos, ha hecho un relato de hechos casi calcado y también ha restado responsabilidad al exvicepresidente del órgano autónomo Luis Pérez tanto a preguntas del fiscal como de la defensa de este. "En la reunión en la empresa una vez que empiezan a salir las informaciones en prensa no se entró en el tema de las facturas falsas", ha dicho para añadir que le dio "la impresión de que no se hablaba de ello porque él no lo sabía". "Solo se habló de que era un pulso entre políticos y de que debíamos estar tranquilos", ha añadido.
Sobre la veracidad o no de las firmas de Conde en los estadillos que reflejarían las entregas en efectivo ha afirmado: "Que él no reconozca su firma es otra cosa, pero firmar, firmó y ese dinero se le pagó".
La vista oral tiene previsto reanudarse el próximo lunes. Hay 18 procesados y en su escrito de acusación Fiscalía interesa para Conde Carrillo la pena de siete años y seis meses de prisión mientras que para los otros dos empresarios solicita penas de siete años de cárcel, además de cuantías en concepto de responsabilidad civil con respecto a la instrucción provincial de 595.996,5; 363.460,22 y 363.460,22 euros, respectivamente.
