ALMERÍA.- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, se ha reunido con miembros de la ‘Plataforma de afectados 26 viviendas protegidas en Avenida Vilches’ para atender sus demandas yreivindicaciones. “Es evidente que existe una mala gestión de la Gerencia de Urbanismo a la hora de dar el visto bueno a la redacción de este contrato, que por cierto, es un contrato de venta con precio cierto y cerrado, que se firmó sin que se hubiese adjudicado ni siquiera el contrato de obra, y sin la firma previa de un contrato de arras: todo un despropósito”, ha afirmado Cazorla.
En ese sentido, el edil de Ciudadanos ha advertido de la posible sentencia judicial que puede derivarse de esta “mala praxis” del equipo de Gobierno del PP. “Si finalmente los afectados por esta pésima gestión deciden acudir al juzgado, podríamos encontrarnos ante la enésima condena judicial millonaria contra el Ayuntamiento de Almería que, por supuesto, acabaríamos pagando de nuevo todos los almerienses”.
En cuanto a ese “error contractual”, Cazorla ha apuntado que “debería haberse incluido una cláusula contemplando posibles variaciones en el precio final de la vivienda por cuestiones sobrevenidas, porque insisto, con el contrato firmado actual, el precio que se dio a los afectados es cierto y cerrado”.
Miguel Cazorla ha manifestado que la empresa Almería XXI es un ente público de carácter social, “y no una empresa privada cuyo único interés es el beneficio económico”. “Aquí hablamos de una empresa pública nacida con el objetivo de ayudar a los jóvenes y a aquellos cuyos ingresos son limitados, y ahora nos encontramos con que esa empresapública, gestionada por el Ayuntamiento, está poniendo en una tesitura injusta a los jóvenes que resultaron ganadores del sorteo efectuado en su día”, ha ahondado, añadiendo que Almería XXI “tiene que asumir su responsabilidad política y social”.
Cabe recordar que en noviembre de 2021 se realizó el sorteo de 26 viviendas protegidas en la Avenida Vilches en la que la lista de aspirantes ascendió a 734 personas. El presupuesto base de dicha promoción fue de 2.638.350 euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. “Ahora, el equipo de Gobierno, con el alcalde a la cabeza, trata de echar balones fuera diciendo que no son responsables del aumento de los costes en el sector de la construcción, pero lo cierto es que sí son responsables de ofrecer una solución justa y social a los jóvenes afectados, porque no contemplaron incluir en el contrato futuras eventualidades adversas, y tampoco hicieron un contrato de arras, sino uno de compra venta con precio cierto”, ha sentenciado.
