Andrés García Lorca
ALMERÍA.- Un total de 51 ayuntamientos de Almería, la Diputación provincial junto a una Fundación Pública se beneficiarán del nuevo Fondo Social promovido por el Gobierno de España, tal y como ha anunciado hoy el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca.
El subdelegado ha explicado que Almería recibirá 8,8 millones de euros a través de este fondo, que permitirá a la Junta de Andalucía saldar las obligaciones pendientes de pago con las Entidades Locales a fecha 31 de diciembre de 2014. Se trata, tal y como ha asegurado García Lorca, “de deudas derivadas de convenios suscritos en materia de gasto social y otras transferencias para prestación de servicios educativos, sanitarios y servicios sociales.
Ayuda financiera
García Lorca ha manifestado que la mayor parte de la partida que corresponde a Almería del Fondo Social, es decir de los 8.829.186,98 euros, se destinará a pagos efectuados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía por importe de 6.738.488,36 euros”. El resto de partidas se dedicarán a infraestructuras y servicios educativos junto a atención sanitaria.
El subdelegado del Gobierno ha destacado que “51 ayuntamientos de la provincia junto a la Diputación provincial podrán saldar sus deudas, lo que supondrá además poder garantizar muchos empleos en Almería”. Por esta razón, ha asegurado que “esta medida del Gobierno central muestra el compromiso del Ejecutivo por facilitar financiación a la Junta de Andalucía”.
En concreto, la Diputación provincial de Almería va a recibir de este Fondo del Gobierno central 3.933.169 euros, el Ayuntamiento de Almería, 958.316 euros, el Ayuntamiento de Vícar 227.977, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 387.077 euros, el Ayuntamiento de Arboleas 406.295 euros o el Ayuntamiento de El Ejido 542.381 euros.
Por último, el subdelegado del Gobierno ha manifestado que “ de esta forma y gracias al Fondo Social el Gobierno de España ha facilitado financiación a la Junta de Andalucía, contribuyendo así a que los almerienses puedan seguir recibiendo servicios públicos esenciales como sanidad o la educación”.
