SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignagio Vilaplana, ha resuelto "la devolución de la fianza" prestada en su momento por el exdiputado autonómico del PSOE por Sevilla y exasesor en la Consejería de Empleo Ramón Díaz, "dejando sin efecto los embargos y trabas" acordados en su contra en las diligencias iniciales relativas a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, usada para la financiación de expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad, dada su "situación procesal" al haber sido sobreseídas las actuaciones respecto a él en una quincena de piezas separadas.
Como ha adelantado Diario de Sevilla, en este auto fechado el pasado 22 de abril y recogido por Europa Press, el juez Vilaplana ordena "alzar y dejar sin efecto las medidas cautelares reales acordadas respecto de Ramón Díaz Alcaraz, en particular la obligación de prestar fianza; fianza que le deberá ser devuelta a través de su representación procesal", dada su "situación procesal".
Y es que según ha precisado su abogado defensor, a lo largo de los últimos años, diversas resoluciones del Juzgado de Instrucción número seis o de la Audiencia provincial con relación a piezas de la macroinvestigación de los ERE han implicado el sobreseimiento de las diligencias con respecto a Ramón Díaz en 14 de tales piezas, mediando ahora su "sobreseimiento" adicional en las citadas actuaciones iniciales de las que parten las piezas separadas.
Fue en 2013, recordémoslo, cuando la juez Mercedes Alaya, entonces al frente del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, impuso a Ramón Díaz una fianza de responsabilidad civil de 2.142.722,15 euros.
En concreto, tras comparecer ante la juez y acogerse a su derecho a no declarar, la Fiscalía Anticorrupción pidió que se le impusiera una fianza civil de dos millones de euros, ante lo cual la magistrada, que le achacaba tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias; le impuso la mencionada cuantía.
Según Mercedes Alaya, Ramón Díaz "sabía cómo y con qué deficiencias se tramitaban las subvenciones sociolaborales en los expedientes en que intervino, que fueron muchos", como los correspondientes a las empresas Primayor, Saldauto, Calderinox, Faja Pirítica, Pickman o Nerva Croissant.
Tras ello, la juez instructora ordenó el embargo de su vehículo marca Audi, de una vivienda y de las rentas o pensiones que, en concepto de prestaciones contributivas, percibiese Ramón Díaz del Instituto Nacional de la Seguridad Social, siendo finalmente sobreseídas las actuaciones contra el mismo en 14 de las piezas separadas en las que estaba investigado, según su abogado defensor.
