SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía constituirá este jueves, 10 de diciembre, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, el Grupo de Trabajo Antiocupación anunciado la semana pasada para coordinar, dentro del ámbito de competencia de la administración autonómica, iniciativas que "contribuyan al mejor cumplimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos que sean víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda".
En concreto, la reunión de constitución de este grupo está programada a partir de las 10,00 horas de este jueves, y contará con la participación del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, según ha informado la Junta.
El pasado martes, 1 de diciembre, el Consejo de Gobierno andaluz tomó conocimiento de una instrucción de la Secretaría General de Vivienda por la que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pondrá en marcha "un sistema andaluz de lucha contra la ocupación y de asesoramiento para la protección de la vivienda que resuelva las dudas de los afectados".
Así, a través de las delegaciones territoriales, "se atenderá y asesorará a las personas que tengan su vivienda ocupada", para lo que se ha elaborado una guía informativa con las herramientas legales disponibles para proteger a los propietarios con el fin de "clarificar las posibles casuísticas y facilitar la respuesta jurídica idónea, sin olvidar que la singularidad de cada caso será determinante", según informó la Junta tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada.
La referida instrucción de la Secretaría General de Vivienda amplía las atribuciones del actual Sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios (SAID), actual mecanismo que ofrece "información personalizada para los sectores de población que corren riesgo de perder su vivienda habitual o tienen mayores dificultades para acceder a la vivienda".
POR UNA ANDALUCÍA "LIBRE DE 'OKUPAS'"
Así, se incluye también asesoramiento para los casos de ocupación de viviendas, un fenómeno que, según advirtió el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 1 de diciembre, está al alza no sólo en España, sino también en Andalucía, donde se han contabilizado 1.183 casos durante el primer semestre del presente año, lo que equivale a cerca de siete casos al día.
Al respecto, Bendodo quiso dejar claro que la Junta utilizará todas las herramientas a su alcance para que Andalucía sea una tierra "libre de 'okupas'".
En este marco, el Ejecutivo andaluz también anunció la semana pasada la constitución del referido grupo de trabajo que coordine, dentro del ámbito de competencia de la Administración autonómica, "iniciativas que contribuyan al mejor cumplimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos que sean víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda".
Este grupo de trabajo contará con la participación de las consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Presidencia, Administración Pública e Interior, y Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que pone a disposición no sólo a la Secretaría General de Vivienda, sino también a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Desde la Junta defienden que el papel de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige Juan Marín es "clave como interlocutora ante los órganos judiciales para comunicar los casos de ocupaciones ilegales, promover acciones formativas a los colectivos de jueces y fiscales, y aplicar la Instrucción de la Fiscalía General del Estado recientemente dictada 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles".
De igual modo, la asistencia jurídica dependiente de esta Consejería se revela, según la Junta, como "un instrumento útil para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, como ya lo es en los procedimientos de desahucio".
Asimismo, se estima "conveniente trabajar en un convenio con los colegios de abogados de Andalucía, para ofrecer este servicio de asistencia jurídica a las víctimas de ocupación ilegal".
Por otra parte, la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "es esencial para actuar en las primeras horas de las ocupaciones, por lo que, a través de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, se asegurará la coordinación con las otras consejerías", según ha informado la Junta.
