SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
Andalucía cuenta con 500.233 empleados públicos, de los que 299.713 trabajan en el sector público de la Junta de Andalucía, el 59,9% del total; 117.008 lo hacen en la Administración Local, el 23,3% del total; y 83.512 en el sector público del Estado, el 16,69%.
El poco más de medio millón de empleados públicos de Andalucía suponen el 18,45% del total nacional, que está situado en 2.710.405.
Los datos aparecen en el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Bepsap), correspondiente a enero 2021, que ha publicado este miércoles el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, según una nota de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.
El trabajo se aborda desde varias perspectivas: la distribución territorial, el género y la edad, el desglose de los efectivos por ministerios, organismos autónomos o agencias estatales y con un espacio específico para docencia no universitaria y universidades.
España cuenta con 2.710.405 trabajadores públicos, de los que 1.616.211 (59,63%) trabajan en el sector público de las comunidades autónomas, 579.680 (21,39%) en el sector público de la Administración Local y 514.514 (18,98%) en el Sector Público del Estado.
La evolución del número de empleados públicos en España respecto al anterior semestre (julio 2020) muestra un aumento global de 111.924 efectivos.
El mayor aumento se ha registrado en el personal de las comunidades autónomas, con 87.294 efectivos más, la mayor parte, personal temporal por las necesidades que han tenido que cubrir como consecuencia de la emergencia sanitaria Covid-19.
Las entidades locales han registrado un incremento de 26.047, mientras el Sector Público del Estado ha reducido sus efectivos en 1.417.
Uno de los rasgos que definen al empleo público en España es su descentralización, en consonancia con la propia organización territorial del Estado y las competencias de las distintas administraciones.
En cuanto a la tipología de empleado público, un 53,31% es personal funcionario de carrera, un 22,35% es personal laboral y el resto (personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) representa un 24,34%.
Es en la Administración General del Estado (AGE) donde claramente predomina el personal funcionario de carrera, con un 81,13% sobre el total, frente a un 51,83% en las comunidades y un 32,71% en la Administración Local, donde la tipología dominante es la de personal laboral.
Desde la perspectiva de género, un 57,59% de los efectivos al servicio de las administraciones públicas son mujeres y un 42,41% son hombres. El porcentaje de mujeres supera al de hombres en la mayoría de los casos, y sólo en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el porcentaje de hombres supera en gran medida al de mujeres: un 12,1% de mujeres sobre el total.
CASI LA MITAD DE LOS EMPLEADOS EN LA FRANJA DE 50 A 59 AÑOS
El boletín también analiza la edad de la plantilla en distintos ámbitos, donde puede apreciarse la necesidad de incorporar nuevas generaciones al empleo público, a tenor de la pirámide de edad. Casi la mitad de los empleados públicos, el 45,55%, se encuentran en la franja de edad que va de los 50 a los 59 años, mientras que los menores de 40 únicamente representan un 12,33%.
En los últimos diez años (1 de enero de 2011 y el 1 de enero de 2021), las administraciones públicas han aumentado sus efectivos de media un 1%, aunque el reparto resulta desigual según las áreas. Las áreas sanitarias (15%) y docencia no universitaria (13%) son las que más aumento han registrado en este periodo, seguidas de universidades (5%) y Administración de Justicia (3%).
Los cuerpos de policías autonómicas se han mantenido estables y el resto de áreas han experimentado un descenso, desde un 2% para Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado a un 22% en la Administración del Estado.
Atendiendo a la evolución registrada entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de enero de 2021, el número de efectivos que presta servicios para las comunidades autónomas ha aumentado un 20,41%, principalmente en las áreas sanitaria y educativa.
La Comunidad de Madrid es la que más ha incrementado sus efectivos (28,92%), seguida de la Comunitat Valenciana (27,87%) y Cataluña (27,55%).
Del total de 1.616.211 efectivos en las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, buena parte se concentran en los servicios del Estado del bienestar, especialmente en áreas sanitarias del Sistema Nacional de Salud y docencia no universitaria, 35,15% y 30,30% respectivamente.
Le siguen las áreas de consejerías y sus organismos autónomos (11,15%), universidades (9,48%), personal de Administración de Justicia (2,44%, por transferencia de su gestión) y Policía Autonómica (1,59%), presente en Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias.
